martes, 27 de julio de 2010

organizaciones responden señalamientos de “Voceros del terrorismo” hechos por el presidente Uribe Vélez

Organizaciones y Parlamentarios convocantes a la audiencia pública “crisis humanitaria en los Llanos Orientales”, responden señalamientos de “Voceros del terrorismo” hechos por el presidente Uribe Vélez
Lunes 26 de julio de 2010, por Organizaciones sociales


Las Organizaciones, Personalidades, Parlamentarios Colombianos y delegados internacionales nos permitimos expresar ante la opinión pública nacional e internacional nuestro más profundo sentimiento de dolor e indignación por el desprecio y ofensa del representante del Estado colombiano, Doctor Álvaro Uribe Vélez el día de ayer (25 de julio) en La Macarena -Meta.

Colombia | Víctimas de Crímenes de Estado |

El Doctor Uribe Vélez dijo en la base militar de dicho municipio: “El terrorismo, en esa combinación de formas de lucha, mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacredita a la Fuerza Pública y cómo la sindica de violación de Derechos Humanos” Así mismo, envió un mensaje de aliento a las tropas en su lucha contra el terrorismo, y les dijo que cuentan con todas las condiciones para obtener la victoria final. Al calificar de “terroristas” a las víctimas, a los defensores de derechos humanos y a los congresistas convocantes de la Audiencia, les estaría diciendo de forma clara y directa a las tropas oficiales bajo su mando, que somos objetivo militar.

No se escucha en el discurso presidencial una sola línea de condolencia para con las víctimas que denunciaron crímenes; no se oye un solo llamado a la justicia, una sola promesa de investigación; todo lo contrario, se hace una exhortación a continuar la guerra. Desde nuestro más profundo sentimiento de dolor e impotencia, queremos hacer las siguientes precisiones:

1. El desprestigio de las Fuerzas Armadas de Colombia es responsabilidad única y exclusivamente de quienes, con la investidura legal y la obligación constitucional para garantizar la vida, honra y bienes de todos los colombianos, comenten crímenes atroces, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en contra de la población civil indefensa. Es de quienes portando las armas de la República, se comportan como los delincuentes a quienes dicen combatir. 2. Nuestra labor está encaminada, únicamente a servir a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y de guerra. A la población civil indefensa que sufre las consecuencias de un conflicto armado que ya lleva más de 45 años sin solución y que, contrario a lo que expresó el jefe del Estado Colombiano, está muy lejos de terminarse por la vía de la confrontación armada. 3. Nuestras denuncias buscan que las autoridades competentes (Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de La Nación) adelanten una investigación exhaustiva e imparcial y determinen lo ocurrido en el cementerio de NNs de La Macarena y sancionen a los responsables de los crímenes que se hubieren cometido. 4. Consideramos de vital importancia que se integre una comisión internacional forense que vigile los procedimientos adelantados por las autoridades colombianas. 5. Nuestra labor de defensa de los derechos humanos es legalmente reconocida por las Naciones Unidas, La Organización de Estados Americanos (OEA) y por la Constitución Nacional de Colombia. 6. Tanto las organizaciones ONG, parlamentarios y comunidad campesina que participó en la audiencia pública, siempre acató las decisiones de las autoridades civiles y militares -incluida la decisión del Alcalde municipal de La Macarena- de impedir el ingreso al cementerio público municipal para orar y hacer un acto simbólico en homenaje a las víctimas.

De otra parte, queremos invitar a los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas de Colombia (Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía) y a las demás autoridades constitucionalmente reconocidas, a desarrollar su misión institucional en el marco de la constitución y la ley, observado las normas del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos consagrados en la Carta Universal y en el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, por cuanto son sus carreras, sus vidas, sus familias las que a la larga terminan pagando las consecuencias de obedecer órdenes cargadas de odio y sed de venganza como las emitas por el Doctor Uribe Vélez desde La Macarena el día domingo 25 de julio 2010.

Nosotros como colombianos y colombianas y como Defensores y Defensoras de Derechos Humanos no descansaremos en nuestra búsqueda de justicia, de verdad y de reparación integral para las víctimas.


organizacionesdefensoras de derechos humanos

Carta Comisión Ética al presidente Santos

Carta Abierta

Señor
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República electo
Fundación Buen Gobierno
Bogotá

Reciba un respetuoso saludo de parte de las y los integrantes de la Comisión Ética de la Verdad de Colombia que se acaba de reunir por octava vez en Colombia. La Comisión Ética de la Verdad es una de las ocho (8) estrategias del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado para la salvaguarda de la memoria de crímenes de estado, que a través del acompañamiento a las víctimas de desapariciones forzadas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, bombardeos, entre otros y de la recolección de testimonios, pruebas y objetos apoya la reconstrucción de la Memoria y de propuestas de reparación integral. Todo ello se entregará como insumo a una futura Comisión de la Verdad para Colombia, cuando haya condiciones para ella.

Escuchamos atentamente su discurso en la noche electoral y estamos preocupadas y preocupados porque no hay mención a las miles de víctimas – y no solo de ejecuciones extrajudiciales - del Estado y de grupos paramilitares y el derecho de estas victimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral.

Para nosotros/as la reconstrucción de la Memoria, el esclarecimiento de la Verdad, sanciones acordes a la gravedad de los crímenes, la reparación integral a partir de un análisis de la totalidad de los daños, los autores materiales intelectuales y beneficiarios así como garantías de no-repetición que incluyen reformas estructurales para acabar con la impunidad, con la injusticia social, con la distribución inequitativa de las tierras en Colombia y que buscan una participación real de las poblaciones en decisiones sobre el desarrollo y proyectos en sus territorios lo que no significa llamar al odio ni a las divisiones, sino son condiciones necesarias para la reconstrucción de un país democrático, incluyente, y al fin al cabo para la reconciliación.

En este sentido creemos que en general cualquier iniciativa legislativa o política - como por ejemplo una ley de victimas o una Comisión de la Verdad - que tiene que ver con las victimas debe discutirse y acordarse ampliamente con las victimas mismas en aras de garantizar la participación plena de la totalidad de las victimas, incluyendo las Víctimas de Crímenes de Estado.

Por todo ello y dado que Usted inicia en breve su mandato como Presidente, quisiéramos expresarle:

Nuestra preocupación por que en su discurso sigue apostando a una solución militar al conflicto social y armado de Colombia, llamando a la unidad nacional, a la victoria militar sobre las guerrillas y su reinserción sin que se reconozca que hay una necesidad de negociar soluciones a este conflicto social y armado que ha costado miles de vidas, dolor y tanto daño a la sociedad colombiana.

Esperamos que bajo su gobierno haya el respeto al derecho a la libertad de expresión, de opinión, de asociación, ente otros, que cesen definitivamente los señalamientos hacia las personas que ejercen su derecho legitimo de defensa de los derechos humanos. Como Comisión Ética hemos acompañado el encuentro de familiares de ejecuciones extrajudiciales en marzo del 2008, y nos preocupa que se esté cuestionando la denuncia de esos casos, señalando a las organizaciones como brazo jurídico de las FARC en vez de llegar hasta las últimas consecuencias jurídicas, disciplinarias y políticas.

Esperamos que su mención a una justicia fuerte autónoma y eficaz para acabar con la impunidad incluye el respeto a las sentencias de tribunales internacionales y nacionales – aunque sean contra militares y ex - militares, a la continuidad de los procesos por vínculos de políticos con paramilitares, y que sea verdad de que será firme en defender las garantías procesales: pero no solo de los miembros de la fuerza pública sino también de las defensoras y defensores de derechos humanos y líderes sociales injustamente acusados basados en montajes judiciales muchas veces por reinsertados a cambio de la rebaja de penas.

Como escuchamos en los testimonios recogidos que el interés sobre las tierras y los recursos naturales es de las mayores causas para los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos contra las victimas de crímenes de estado le solicitamos el respeto a la consulta previa y a las propuestas de las comunidades indígenas, afrodecendientes y mestizas para que no prevalezca el interés empresarial sobre el derecho y la dignidad de los pueblos.

Nuestro llamado a su conciencia es a favor de las víctimas, a favorecer la vida, y la democracia donde quienes padecen el conflicto armado interno puedan vivir algún día en paz, recobrar la libertad para reconstruir una democracia de todas y de todos.

Desde hoy nos disponemos, nosotras y nosotros, a rendir nuestro testimonio, a acudir a Usted para un diálogo constructivo en pro de las víctimas y la paz.

Se nos puede contactar a través del siguiente correo: comisioneticacolombia@gmail.com.Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla

Respetuosamente,


Adolfo Pérez Esquivel; premio Nobel de Paz, SERPAJ, Argentina

Asociación France Amerique Latine; Francia

Carlos Fazio, investigador y catedrático de la UNAM; periodista, Méjico

Coordinadora de Ex presos y Ex presas Políticos de Chile, Enrique Núñez, Chile

Comisión Ética contra la Tortura de Chile, Juana Aguilera, Chile

Comunidad Cristiana de Santo Tomas, Ángel Villagrá Andrés Redondo, Pilar Sánchez, España

Enrique Santiago, abogado, Instituto de Estudios Políticos de América Latina y África, España

Gilberto Rivas y López, antropólogo, catedrático del Instituto de Antropología e Historia, Méjico

Francois Houtart, teólogo, sociólogo, profesor émerito de la Uiversidad de Lovaina, director del Centro Tricontinental (CETRI), y miembro fundador del Foro Social Mundial, Bélgica
Mary Bricker-Jenkins, PhD, Campaña de los pobres por los derechos económicos, EEUU
Eduard Nachmann, maestro, hijo de desaparecido; integrante de H.I.J.O.S. ciudad de Buenos Aires, Argentina
Libertad Sánchez, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca, España

Lorenzo Loncon; werken comunidad mapuche newen mapa, pueblo Mapuche

Miguel Álvarez, presidente de Serapaz, México
Mirta Acuña de Baravalle; Madres de la Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Argentina

Observatorio de la Escuela de las Américas (SOA WATCH), Elizabeth Deligio, Charity Ryerson, EEUU

Pierluigi Di Piazza, Centro Balducci, Udine, Italia

Rainer Huhle, Centro de Derechos Humanos de Nuremberg, Alemania -

Sean Hawkey, Consejo Mundial de Iglesias, Ginebra, Suiza

Stephen Haymes, Universidad de dePAul, EEUU

Thomas Gumbleton , Obispo Emérito de Detroit, EEUU

Vicente Font Gregori, Directora del Instituto Catalán Internacional para la Paz; Espai Catalunya-Comissió Ètica, España

jueves, 20 de mayo de 2010

TOMA SIMBÒLICA

l@s invitamos a la toma simbòlica "La gran fosa comùn itinerante "
homenaje a las vìctimas de los "falsos positivos "
lugar: Media torta UTP
hora: 5:30 pm
fecha: jueves 20 de mayo

Movice-Capitulo Risaralda

NUNCA + CRÌMENES DE ESTADO

DENUNCIA PÙBLICA

DENUNCIA PÚBLICA:

Asesinato del líder campesino y defensor de derechos humanos Rogelio Martínez en San Onofre (Sucre)

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado con profunda tristeza e indignación denuncia y rechaza el asesinato del integrante del Capítulo Sucre del MOVICE, Rogelio Martínez:

HECHOS:
Aproximadamente a las seis de la tarde del día 18 mayo de 2010, luego de ser bajado de la moto en que se desplazaba en el camino hacia su residencia en la Finca "El Alemania", fue asesinado por un grupo de hombres encapuchados que vestían de negro, el líder campesino y defensor de los derechos humanos, integrante del MOVICE Capítulo Sucre, Rogelio Martínez.

ANTECEDENTES:
La Finca “El Alemania” es de propiedad comunitaria de 52 familias en los Montes de María. La propiedad fue adjudicada en 1997 por el Incora, meses después se iniciaron en su interior las operaciones paramilitares, obligando a las familias a desplazarse en 2000. Rogelio Martínez hace poco menos de dos años regresó a “La Alemania” y desde ese momento, recibió amenazas, hostigamientos y señalamientos por las estructuras paramilitares y los desmovilizados de ser el responsable de los retornos a la propiedad y de ser auxiliador de la guerrilla por su pertenencia al MOVICE.

La Comisión Ética de la Verdad de Crímenes de Estado ha estado visitando esta finca en varias ocasiones. Y de igual forma, Rogelio Martínez había acompañado las actividades del catastro alternativo del despojo que se realizó por parte del MOVICE en el año 2008 en el municipio de San Onofre, en la que se incluyó la información de la finca "El Alemania".

A raíz del trabajo de denuncia y visibilización de la infiltración paramilitar en el poder político local y regiona y del trabajo realizado en pro de los derechos de las víctimasl, las agresiones y amenazas en contra de los integrantes del MOVICE Capítulo Sucre han sido constantes. El MOVICE ha podido recopilar más de 50 agresiones contra sus integrantes en Sucre desde su conformación en 2006, entre las que figuran atentados, asesinatos a personas protegidas, allanamientos ilegales, amenazas directas, amenazas a familiares, montajes judiciales, detenciones, señalamientos e intimidaciones.

EXIGIMOS:
- A las autoridades civiles y judiciales una pronta investigación que permita el esclarecimiento de estos hechos criminales, así como su pronunciamiento al respecto.

- Que el Estado Colombiano brinde las medidas de protección necesarias a los integrantes del MOVICE en Sucre, especialmente a la familia de Rogelio Martínez y los demas habitantes de la Finca “El Alemania”.

Llamamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la ONU, a Unión Europea y al G-24 a hacer un seguimiento a estos hechos y hacer un pronunciamiento público para exigir al gobierno colombiano las garantías para la exigencia de derechos de las víctimas de Crímenes de Estado.

Solicitamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, medios de comunicación alternativos, organizaciones sociales y populares, organizaciones indígenas, organizaciones sindicales y estudiantiles, difundir esta información y brindar su solidaridad a través de su pronunciamiento sobre los graves hechos mencionados.

Responsabilizamos al Estado Colombiano de la integridad física y de la vida de los integrantes del MOVICE en Sucre.

MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO

19 de mayo de 2010

jueves, 18 de marzo de 2010

PERSECUCION AL MOVICE EN LA REGION



DENUNCIA PÚBLICA
MOVICE capitulo Risaralda informa a las organizaciones sociales , defensoras de los DDHH y a la comunidad en general los siguientes hechos:
1-El día miércoles 3 de marzo uno de los miembros del MOVICE realizo la petición pública de la plaza de Bolivar para conmemorar el 6 de marzo ante funcionarios de la alcaldía. La respuesta fue negada mediante la intimidación verbal del secretario de gobierno municipal quien amenazo con enviar efectivos de la escuadrón antidisturbios si realizábamos cualquier acto, además el compañero que realizo la diligencia fue tratado de manera insultante y despectiva siendo intimidado por el funcionario.
2- El día 3 de marzo fue detenido ilegalmente el sr ANDERSON BUITRAGO mientras prestaba el servicio de acompañamiento en Derechos Humanos a las marchas realizadas contra el TIM en la ciudad de Manizales .ANDERSON participa en el escenario llamado hijos e hijas contra la impunidad que hace parte de MOVICE , dicho escenario ha estado desarrollando una denuncia por los violentos ataques de la fuerza pública a los manifestantes.
3-El día sábado 6 de marzo se conmemoro el día internacional de las víctimas mediante un acto simbólico para lo cual la fuerza pública despliega un pie de fuerza en la plaza insinuando que estaban esperando una acción de hecho, desde ese momento policías de civil tomaban fotos a todos los miembros del MOVICE que desarrollaron el acto pacífico .
4-El día lunes 8 de marzo el MOVICE acompaña a las organizaciones de mujeres en un acto simbólico en conmemoración del día de la mujer.Nuevamente la fuerza pública se acerca con funcionarios de espacio público para preguntar de manera inquisidora e intimidante sobre el permiso ,ante lo cual responde una de las participantes que es un acto simbólico que no afecta en nada la movilidad, ese mismo día miembros del MOVICE observan 2 camionetas polarizadas que realizaban un seguimiento continuo a los participantes del evento.
5-Debido a nuestras labores por visibilizar la situación de las víctimas , las ejecuciones extrajudiciales y los derechos humanos los miembros del MOVICE venimos sintiendo de manera sistemática la persecución y el amedrentamiento por parte de organismos del Estado recayendo de manera directa en el compañero WILLIAM OSPINA a quien se le allano su domicilio el día 13 de marzo ,procedimiento que se hace de manera violenta e irregular dado que los organismos de seguridad no encontraron nada sospechoso y por tal motivo a través de la intimidación consignan en el acta que materiales tales como periódicos desde abajo , plantillas con mensajes en contra de la impunidad y propaganda del 6 de marzo era propaganda del movimiento Bolivariano tratando de incriminarlo. Además en el allanamiento fue incautado 2 computadores y 2 memorias usb ,algunos de estos objetos no pertenecen al compañero sin que hasta ahora los organismos de seguridad permitan su devolución.
Ante los presentes hechos solicitamos a las diferentes organizaciones defensoras de los DDHH divulgar el hostigamiento de que somos objetos los miembros del MOVICE en la región.
Movicerisaralda.justicia@gmail.com
Nuncamasrisaralda.blospot.com

jueves, 18 de febrero de 2010

En el 6 de marzo el MOVICE objeta y se opone a la reelección de la política de Seguridad Democrática

martes, 16 de febrero de 2010
El MOVICE objeta y se opone a la reelección del actual presidente y con ella, la de su política de Seguridad Democrática y Estado Comunitario convocando el 6 de marzo de 2010 a actos simbólicos en Colombia y el mundo.

Desde el 2002 persiste el carácter sistemático de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, la criminalización y persecución de la oposición política, el exilio, el desplazamiento forzado y la imposición de un modelo económico que profundiza la pobreza, la destrucción de la biodiversidad y la posibilidad de garantías y satisfacción para los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

En los meses de enero y febrero de 2010, el presidente Uribe y su Ministro de Defensa han reiterado en varias oportunidades que ocho años de “Seguridad Democrática” no han sido suficientes para recuperar la seguridad en el país y que tienen sus dudas sobre las intenciones y capacidades de los precandidatos presidenciales frente a continuar esta política. Así, lo que se pretende reelegir es un ejercicio del poder, un modo de enfrentar la crisis de derechos humanos, del conflicto social armado y de la disminución de la pobreza y la miseria.

En los últimos ocho años la política de Seguridad Democrática se ha expresado en:
continua en http://www.movimientodevictimas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=508&Itemid=1

lunes, 15 de febrero de 2010

Comunicado Público MOVICE: "Reelección presidencial: Improcedente, ilegal e ilegítima"

Escrito por MOVICE
jueves, 11 de febrero de 2010
“El referendo reeleccionista plantea una reforma constitucional en beneficio particular del actual presidente, contrariando los fines esenciales del Estado Social y Democrático de derecho”. Estas palabras resumen bien las inconsistencias que tiene el actual proceso de reelección presidencial, llevada a cabo por el actual gobierno, encabezado por el presidente Uribe y fueron ratificadas la semana pasada por Humberto Sierra Porto, Magistrado de la Corte Constitucional.

Inconsistencias que son inocultables a los ojos, no sólo de la rama judicial, sino de las organizaciones y sectores de la sociedad civil, en vista de que han quedado dilucidados ante la opinión pública los vicios de procedimiento y fondo que sustenta el proceso del referendo presidencial, dejando además pinos de desconfianza en el seno de la opinión pública.

Ejemplo de ello es que la encuestadora Datexco, contratada por El Tiempo muestra que menos de la mitad de los colombianos están de acuerdo con la reelección, de manera que sólo el 47% votaría por la misma. Resultados similares arrojó el Centro Nacional de Consultoría, pagada por el Noticiero CMI, que aseveró que el 46% no está de acuerdo con la reelección.

.....continua en http://www.movimientodevictimas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=504&Itemid=1

martes, 2 de febrero de 2010

Informe Sin Justicia y Sin Paz


Informe Sin Justicia y Sin Paz

Después de cuatro (4) años desde que el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez expidió la Ley 975 de 2005, denominada de ‘Justicia y Paz’, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) presenta un balance de su aplicación en el marco del proceso de desmovilización paramilitar y de los esfuerzos oficiales por lograr su legalización y legitimación en la sociedad colombiana.

Descargue el informe

http://movimientodevictimas.org/images/stories/proteccion/juridica_baja.pdf

viernes, 15 de enero de 2010

Comunicado Público: Puestos en libertad militares implicados en crímenes de Lesa Humanidad

Miércoles, 13 de enero de 2010

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado manifiesta a la opinión pública nacional e internacional su rechazo y preocupación por la liberación de más de 30 militares implicados en las investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales de 11 jóvenes de Soacha.

Hechos

- El pasado día jueves 7 de enero de 2010 fueron puestos en libertad 17 militares, el 12 de enero otros 6 militares y hoy, 13 de enero, podrían quedar en libertad el coronel Gabriel Rincón Amado y otros seis uniformados.

La defensa de los militares que durante el proceso de forma estratégica ha dilatado el proceso, argumenta que los militares acusados de desaparición forzada agravada, homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, tienen que ser puestos en libertad por vencimiento de términos. Este argumento fue respaldado durante el juicio por la Procuraduría General de la Nación. Según el personero de Soacha, Fernando Escobar, podrían en total quedar libres 42 militares de los 47 que se encuentran detenidos por las ejecuciones de los jóvenes de Soacha ante la solicitud que ha hecho la defensa.

Antecedentes

Las ejecuciones extrajudiciales se han constituido como una práctica sistemática bajo los sucesivos gobiernos de Alvaro Uribe Vélez, hecho que es ilustrado por los más de 1.200 casos de ejecuciones extrajudiciales que está investigando la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. El asesinato de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, fue tipificado en los convenios de Ginebra como crimen de Lesa Humanidad.

Las amenazas en contra de los testigos y las familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales han sido constantes durante el 2008 y 2009. A pesar de una petición al Ministro del Interior, los testigos y familiares amenazados, hasta la fecha no cuentan todavía con una protección adecuada.

Peticiones

- Exigimos a la Fiscalía, al Consejo Superior de la Judicatura, a los jueces de garantías y a los tribunales competentes, así como al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior, adoptar todas las medidas que sean necesarias para permitir el avance de los procesos, la protección de los testigos y familiares de las víctimas y el cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición.

- Exigimos a la Procuraduría Nacional de la Nación ejercer su labor como ente controlador en función de la población civil y no de la Fuerza Pública

- Pedimos a los organismos internacionales y las organizaciones de derechos humanos que condenen públicamente la excarcelación de los militares involucrados en estos crímenes de Lesa Humanidad, exijan la protección de los testigos y familiares y el cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición al Estado Colombiano

- Solicitamos a la Corte Penal Internacional elevar su observación en los procesos que se adelantan en contra de miembros del ejercito nacional de Colombia por las ejecuciones extrajudiciales de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario y pronunciarse frente a la posible situación de impunidad que se está presentando por la puesta en libertad de los presuntos autores materiales de estos hechos.

lunes, 11 de enero de 2010

Rechazo a la campaña de persecución y deslegitimación contra la Comisión de Justicia y Paz

Escrito por MOVICE

El MOVICE públicamente expresa su apoyo y solidaridad a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJYP) quien hace parte de nuestro Comité Nacional de Impulso y a sus integrantes, quienes trabajan activamente en las estrategias de lucha contra la impunidad.

La CIJYP es un organismo de Derechos Humanos que inspira su razón de ser en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el carácter evangélico de la dignidad humana. Acompaña desde hace 18 años de forma integral a procesos comunitarios en comunidades u organizaciones afrodescendientes, mestizas e indígenas que afirman sus derechos sin el uso de la violencia en zonas de conflicto armado, apoya experiencias concretas de búsqueda de verdad, de justicia y de reparación y de salidas políticas negociadas al conflicto armado interno

Denunciamos la estrategia de persecución y deslegitimación que buscan desarticular y criminalizar el trabajo legítimo de las organizaciones de defensa de los derechos humanos en el país.