Las organizaciones y comunidades
del sector agropecuario y popular presentamos ante el Presidente
Juan Manuel Santos como jefe de Estado nuestras demandas sociales,
económicas y políticas, buscando que mediante el dialogo
encontremos la mejor manera de resolver el conflicto económico,
político y social que vivimos. De parte nuestra ya están los
voceros nacionales para iniciar el dialogo y conformar la Mesa de
Interlocución y Acuerdo Agropecuaria y Popular, escenario que
proponemos como la instancia para abordar el pliego de peticiones y
llegar a acuerdos.
Anunciamos al país que nos sumamos a la
realización al Paro Nacional Agrario para el 19 de Agosto, teniendo
en cuenta los antecedentes de incumplimiento y abandono por parte
del Estado. Ponemos a consideración este pliego general a sectores
sociales y populares, para que en unidad, organización y
movilización, en una voz potente le exijamos al gobierno que cumpla
con lo que nos pertenece.
1.
EXIGIMOS IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES FRENTE A LA CRISIS DE
LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.
1.1.
Exigimos que el Estado fije precios de sustentación para la
producción campesina, de manera independiente al comportamiento de
los precios internacionales, los cuales garanticen una remuneración
efectiva a los productores, así como precios accesibles para los
consumidores. Para tal fin, se deberá implementar un fondo nacional
de compensación que cubra las diferencias existentes entre los
costos de producción y el precio de venta de los productos,
acompañado de la garantía de compra de cosechas por parte del
Estado para pequeños y medianos productores agropecuarios.
1.2. Reducción de los precios de los
combustibles y peajes, concertando nuevas tarifas con
transportadores y productores agropecuarios.
1.3. Reducción de los precios de
fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos agropecuarios.
1.4. Exigimos la modificación de la
política antidroga y solicitamos acordar una política de
sustitución gradual y concertada de cultivos de coca, marihuana y
amapola, así como el fin de las fumigaciones y de la erradicación
manual.
1.5. Derogatoria de la normatividad que afecta la
producción, transformación y comercialización agropecuaria de
pequeños y medianos productores, incluyendo lo relativo al manejo
de semillas ancestrales y tradicionales y los encadenamientos
productivos para el sector. Concertación de legislación para la
promoción de la producción agropecuaria de pequeña y mediana
escala y garantías efectivas para el acceso a los mercados.
1.6. Frenar las importaciones de
alimentos y productos agropecuarios, particularmente de café,
cacao, arroz, papa, leche y productos lácteos. Suspensión y
revisión de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la
Unión Europea, China y demás países.
1.7. Condonación total de las deudas
adquiridas por pequeños y medianos productores agropecuarios con el
sistema financiero. Definición de una política de créditos
blandos para pequeños y medianos productores a través de la banca
pública.
1.8. Adopción de seguros de cosechas frente a
problemas derivados de condiciones climáticas y/o fitosanitarias,
para la pequeña y mediana producción agropecuaria que sean
otorgados directamente por el Estado, sin intermediación del sector
privado del sistema financiero.
2.
EXIGIMOS ACCESO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA.
2.1
Exigimos la adjudicación y dotación de tierras a los campesinos,
indígenas y afrocolombianos, que carecen de ella, la poseen de
manera insuficiente o están en posesión de baldíos que no han
sido adjudicados, para lo cual debe ordenarse al INCODER: La compra
directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad, y La
titulación inmediata de las tierras baldías que ocupan los
campesinos, que cumplen los requisitos para ser adjudicatarios.
2.2 La compra directa de tierras por
el INCODER para ser tituladas de manera colectiva a las comunidades
afrodescendientes e indígenas.
2.3 Detener la política de
extranjerización de tierras; esclarecer las operaciones o
transacciones que han permitido su extranjerización; revertir estas
operaciones y que las tierras revertidas formen parte del fondo para
la adjudicación y dotación de quienes no la tienen.
2.4 Iniciar, adelantar y culminar en
el término máximo de un (1) año, los procedimientos de extinción
administrativa de dominio de las tierras poseídas por campesinos,
para luego adjudicarlas a éstos.
2.5 Detener la reformulación del
tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), y en todo caso no
disminuir la extensión que actualmente está definida.
3.
EXIGIMOS RECONOCIMIENTO A LA TERRITORIALIDAD CAMPESINA.
3.1
La delimitación y constitución inmediata de las Zonas de Reserva
Campesina en los territorios en los que ya se cumplieron todos los
trámites para su constitución.
3.2 Iniciar y culminar los
trámites de delimitación y constitución de las Zonas de Reserva
Campesina en los territorios que las comunidades soliciten, en un
término no mayor a un (1) año a partir de la solicitud.
3.3 La financiación y ejecución de
los planes de desarrollo sostenible en las Zonas de Reserva
Campesina constituidas y las que se constituyan.
4.
EXIGIMOS LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS COMUNIDADES Y LOS MINEROS
TRADICIONALES Y PEQUEÑOS EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA MINERA.
4.1 Detener la concesión de títulos
mineros y revertir las concesiones efectuadas, hasta tanto se defina
concertadamente con las comunidades rurales la política minera del
país, en la que se garantice el derecho prevalente de las
comunidades étnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se
brinden garantías para la minería artesanal.
4.2 Reconocimiento y formalización de
la minería artesanal, pequeña y mediana.
4.3 Definición concertada con los
mineros artesanales pequeños y medianos y las comunidades de un
nuevo Código de Minas. Redefinir los tiempos máximos para la
explotación minera, los mecanismos de mitigación de los efectos de
esta actividad, los métodos para su realización y la participación
nacional y local de los réditos económicos.
4.4 Construcción de una nueva ley de
regalías que redefina la participación nacional y local de los
beneficios económicos de la actividad minera.
4.5 Realización de estudios de
viabilidad para cada uno de los proyectos mineros en ejecución y en
proyección, como base para la toma de definiciones frente a la
realización o continuidad de dichos proyectos. Estos estudios deben
tener por base los efectos ambientales y sociales que la ejecución
de cada proyecto acarrearía, así como el consentimiento previo,
libre e informado de las comunidades.
4.6 Sujeción del desarrollo
de actividades mineras a los Planes de Desarrollo Sostenibles de las
ZRC, así como a Planes de Ordenamiento Territorial construidos
participativamente y con atención a estudios sobre vocación del
suelo.
4.7 Apertura de una discusión nacional sobre la
propiedad del subsuelo.
5.
EXIGIMOS SE ADOPTEN MEDIDAS Y SE CUMPLAN GARANTÍAS REALES PARA EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA POBLACIÓN RURAL.
5.1 Adopción por parte del Estado
colombiano, de la convención de los derechos de los campesinos y
las campesinas, aprobada en la reunión de la comisión de los
Derechos Humanos de las ONU.
5.2 Participación efectiva y con
carácter decisorio en los consejos y juntas directivas de las
entidades delEstado que tienen que ver con la atención a la
población rural.
5.3 Otorgar el derecho a la consulta
previa, a las comunidades campesinas sobre proyectos y normativas
que afecten su entorno, en lo social, en lo político, en lo
ambiental, en lo económico y en lo cultural.
5.4 Participación amplia, efectiva y
con carácter decisorio en las instancias de planeación del
desarrollo rural.
6. EXIGIMOS
INVERSIÓN SOCIAL EN LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA EN EDUCACIÓN,
SALUD, VIVIENDA, SERVICIOS PÚBLICOS Y VÍAS.
6.1
Exigimos un plan progresivo para el acceso, cobertura integral de
población rural al sistema de educación básica y media, superior
y técnica.
6.2 Exigimos el nombramiento de planta
docente.
6.3 Exigimos la derogatoria de la Ley
100 y de la Nueva Ley Estatutaria, así como la concertación con la
sociedad de una nueva legislación en salud que garantice el derecho
fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales
para el campo.
6.4 Exigimos partidas
presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación
para educación, salud, producción, vías, red eléctrica,
saneamiento básico, agua y alcantarillado.
6.5 Exigimos se detenga la
privatización y se reviertan el manejo a los municipios de los
servicios de saneamiento básico, agua y alcantarillado con un
criterio social.
6.6 Exigimos la condonación de las deudas
de los usuarios de servicios públicos y se levanten los embargos
que se han efectuado por este motivo.
6.7 Devolución de las microcentrales
hidroeléctricas a las comunidades.
6.8 Exigimos una nueva
tabla de tarifas justas de servicios públicos, que correspondan a
los costos y no a la especulación.
6.9 Exigimos que los acueductos
comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social
y no empresarial.
6.10 Exigimos la destinación de
recursos para el mejoramiento y construcción de vivienda urbana y
rural.
Mientras se resuelva, el gobierno
otorgará el derecho de arrendamiento mensual a la población de los
asentamientos sin vivienda y quienes están en arrendamiento.
MESA
NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO
Entre
las organizaciones sindicales, sociales y políticas que anuncian su
participación en el paro nacional agrario figuran las
siguientes:
Centrales obreras CUT, C.T.C., C.G.T, Anthoc,
PCC/MP, Movip-Fundescol, Viviendistas, Integros, Reclame, Fecode,
Comosopol, Marcha Patriótica Asolaborales, ADE, Cut Bogotá y
Cundinamarca, Polo Democrático Alternativo, Mujeres por la PAZ,
CNA, intraHosker, Coalición Democrática de Partidos y Movimientos
Políticos, Movice, Coordinadora Agraria Nacional, Organización
Nacional de Desplazados, Movimiento Nacional por Constituyente
popular MCP, ILSA, Congreso de los Pueblos, OCE, Comosoc, ANSA, ASPU
Nacional, Juventud Democrática Popular, Movimiento Comunal, Mesa
Ampliada Nacional Estudiantil –MANE-, que aglutina a los
estudiantes de las universidades públicas y Sindicato Estudiantil
SIES.
