HUBER BALLESTEROS, 30 AÑOS EN LA LUCHA POR LA DEFENSA DEL CAMPESINADO

“Es importantísimo en estos momentos hacer de la consigna “el ataque a uno es un ataque a todos” una realidad. Es imprescindible exigir la liberación del compañero Ballesteros y de todos los presos judicializados con pruebas espurias, sean los desacreditados computadores o la ilegítima Ley de Seguridad Ciudadana, ideada para reprimir y criminalizar la protesta social”. 

El pasado domingo 25 de Agosto, en el marco del Paro Nacional Agrario y Popular, fue detenido de forma arbitraria el dirigente agrario y sindical Huber de Jesús Ballesteros Gómez, vicepresidente del comité ejecutivo de FENSUAGRO, del ejecutivo nacional de la CUT y miembro de la Junta Patriótica Nacional de Marcha Patriótica; además uno de los 10 voceros nacionales de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo -MIA-, como represalia del régimen por la contundencia de las jornadas de protesta y de paros indefinidos, que se extendieron en todo el país desde el 19 de agosto.

La prueba reina con la que detienen a Huber Ballesteros y lo acusan de auxiliador del terrorismo es la declaración de “Olivo Saldaña’, desertor de las FARC EP, sujeto descompuesto y controvertido al que la propia Fiscalía ha querido expulsar de Justicia y Paz por la falsa desmovilización de un frente guerrillero. El fiscal que adelanta el caso contra nuestro compañero no desaprovechó la oportunidad para recurrir nuevamente a los computadores mágicos de los abatidos comandantes guerrilleros de las FARC EP, pruebas que ya han sido desestimadas en similares procesos por la Corte Suprema de Justicia, evidenciando la practica sistemática de los montajes y la persecución política y judicial contra el movimiento social y popular.

Esta captura sumada a los disparos de fusil, los atropellos del ESMAD, los empadronamientos, las numerosas detenciones arbitrarias e ilegales en nombre de la ley de seguridad ciudadana, demuestran que en Colombia no existen reales garantías de participación política para quienes tienen no solamente justos reclamos sino proyectos de país y de sociedad distintos a los de las elites que históricamente nos han gobernado. 

Desde el Movimiento Social y Político Marcha Patriótica Risaralda y el Comité de Solidaridad y Defensa con l@s Prisioner@s Polític@s de Risaralda "Juan David Pineda", hacemos el llamado a que las organizaciones sociales, sindicales, políticas y la ciudadanía en general se solidaricen con el compañero Huber Ballesteros, exigiéndole al estado Colombiano respeto el derecho legítimo y legal a la protesta social, asi mismo exigirle a los jueces de la republica la libertad inmediata de Huber Ballesteros y demás campesinos, indígenas y dirigentes populares, detenidos arbitrariamente durante el Paro; no sólo porque no representan ningún peligro para la sociedad-tesis de la fiscalía para justificar las ordenes de captura- sino porque estos Colombianos y Colombianas son víctimas de siniestros montajes judiciales, planeados desde el ministerio de la defensa, para desacreditar a la dirigencia del movimiento campesino Colombiano.

Las banderas del campesinado y de los sectores populares en lucha por una patria justa, democrática y en paz también son nuestras. 

¡Exigimos la libertad inmediata para Huber Ballesteros!

¡No a la criminalización de la protesta social!

¡Viva el Paro Nacional Agrario y Popular!

¡Viva la MIA Nacional!

PARA LLORAR

Por cada granada de humo blanco pagamos 43.880 pesos. Cada cartucho de gas nos vale 27.183 pesos.

Por Daniel Coronel

Se ha vuelto un lugar común decir que todos pierden con los paros. La frase es tan repetida como falsa. Hay unos que ganan –y ganan mucho- cada vez que hay una protesta. La industria de las llamadas “armas no letales” recibe multimillonarias utilidades por cuenta de la represión de las manifestaciones en Colombia y en el mundo. Los dueños de esa industria tienen a la vez intereses en negocios como la venta de productos lácteos o la calificación de riesgos en países como el nuestro.

El gas lacrimógeno es uno de los mejores negocios de esta época. A pesar de que la Organización de Naciones Unidas clasifica el gas lacrimógeno como un arma química, los poderosos intereses detrás de esta industria han logrado que su producto estrella se comercialice a nivel mundial como “arma no letal”

La mayor productora de gas lacrimógeno es una empresa llamada Combined Systems Inc. La compañía funciona en Jamestown, un pacífico pueblito con menos de 700 habitantes en Pensilvania, Estados Unidos.

De acuerdo con su página oficial su negocio es la “fabricación y suministro de municiones tácticas y dispositivos de control de masas a las fuerzas armadas, la policía, las autoridades carcelarias y las agencias de seguridad nacional en el mundo entero”  (https://www.combinedsystems.com/)

La compañía es una máquina de hacer dinero. Cuanto peor le vaya al mundo, mejor le va a ellos. Un reciente estudio adelantado por la profesora Anna Feigenbaum de la Universidad de Bornemouth en Gran Bretaña, prueba que durante los períodos de crisis económica se disparan los gastos antimotines. 

El periodista Marcelo Justo hizo un completo reporte para BBC Mundo que muestra, entre otras revelaciones, el ejemplo de España. Mientras el gobierno de Rajoy recortó el presupuesto de 2013 en casi todas las áreas, empezando por salud y educación, hubo un aumento de 17 veces (!) en el renglón de ‘antidisturbios’. Los fondos pasaron de 173.000 euros a más de tres millones. (http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/06/130618_gas_lacrimogeno_am.shtml)

Colombia es un gran comprador de Combined Systems. De acuerdo con una publicación de Source Watch los principales clientes de la compañía fabricante de gas lacrimógeno son en su orden: Estados Unidos, Israel, Egipto, Colombia y Yemen. (http://www.sourcewatch.org/index.php/Combined_Systems_Inc)

En el año 2007, se registraron 800 protestas en Colombia. El 26 de diciembre de ese año -en medio de las celebraciones de navidad y año nuevo- el gobierno de entonces firmó a través de la Policía Nacional un contrato con los representantes locales de Combined Systems por US $2.262.936 (Ver Figura 1)

El objeto del contrato es la compra de granadas de gas, armas lanzagases y otras municiones antimotines. Quien firmó el contrato como directora administrativa y financiera de la Policía fue la entonces coronel Luz Marina Bustos Castañeda, hoy subdirectora general de la institución. La coronel Bustos ahora es general y con su firma ese contrato ha sido extendido y adicionado, hasta nuestros días, en cantidades multimillonarias. 

Una de esas adiciones deja ver cuánto le cuesta cada disparo antimotines a los contribuyentes colombianos. Por cada granada de humo blanco pagamos $43.880. Cada cartucho de gas nos vale $27.183. (Ver Figura 2)

Otro contrato, esta vez del Fondo Rotatorio de la Policía, indica que Colombia le compró a Combined Systems fusiles lanzagases por $242.604.960. (Ver Figura 3)

Los principales accionistas de Combined Systems son Point Lookout Capital Partners y The Carlyle Group. El grupo Carlyle es un conglomerado empresarial con múltiples intereses que van desde la banca internacional hasta la tecnología agropecuaria con Syangro Technologies, pasando por la producción de leche en la India con Tirumala Milk. Carlyle es dueño también de la calificadora de riesgos Duff and Phelps que evalúa la seguridad de las inversiones en países como Colombia.

Nuestro país es magnánimo con los conglomerados que explotan nuestros recursos y nos venden lo que no necesitamos en desarrollo de las ‘bondades’ del TLC. Al mismo tiempo es avaro con los campesinos que producen alimentos, severo con quienes se atreven a protestar y generoso con los vendedores de instrumentos para la represión.

Al final ellos se quedan con la plata y nosotros con las lágrimas.

Figura 1

Figura 2

Figura 3