Los extremos de la injusticia
Escrito por Iván Cepeda Vargas
jueves, 26 de noviembre de 2009

Visité a Carmelo Agámez en la prisión de Corozal hace unos meses. Se encontraba en un pequeño patio rodeado de los jefes paramilitares y de los políticos corruptos que había denunciado ante los fiscales.


Le pregunté cómo podía lidiar él —un caracterizado líder del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado— con esa peligrosa convivencia. Me respondió: “Con inteligencia”. Esa tarde vi la tristeza en su mirada cuando se despidió de su nieto, quien lo visitaba junto al resto de su familia. Carmelo, el líder de las víctimas de San Onofre, Sucre, cumple en estos días un año de haber sido encarcelado. Luego de organizar a los campesinos y de encabezar la revuelta para acabar con la parapolítica en esa región del país, se desató en su contra una brutal persecución. Los constantes hostigamientos llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir medidas de protección especial para garantizar su vida y la de otros 15 activistas del Movimiento de Víctimas en Sucre. Entonces la venganza tomó la forma de un montaje judicial. Sus enemigos lo acusaron de haber participado en la alianza criminal que precisamente combatió toda su vida. A mediados de este año se abrió una investigación penal contra el fiscal segundo especializado de Sincelejo, Rodolfo Martínez, por la manera arbitraria en que estaba conduciendo el caso de Carmelo. Se logró el traslado del expediente a Bogotá. Pero de nada sirvió. Esta semana la fiscalía 28 especializada perteneciente a la Unidad contra el Terrorismo lo llamó a juicio por concierto para delinquir agravado.


Mientras tanto, en Córdoba sigue desarrollándose un plan para acabar con las organizaciones de mujeres desplazadas. Primero asesinaron a Yolanda Izquierdo, quien dirigió la recuperación de más de 800 hectáreas de la finca Las Tangas. Luego de ese homicidio, el presidente Álvaro Uribe anunció en un discurso, con tono firme, acciones para entregar la tierra arrebatada a los desplazados y medidas para garantizar su protección. Ninguno de esos anuncios se cumplió. Por el contrario, la situación de las víctimas ha empeorado. La principal acusada de la muerte de Yolanda, Sor Teresa Gómez, no ha sido aún capturada. Este año fue asesinada Ana Isabel Gómez, integrante de la junta directiva del Comité de Familiares Víctimas de la Violencia en Córdoba, Comfavic. Su homicidio ocurrió una hora después de que terminó en Montería un consejo de seguridad en el que estuvieron el comandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla de León, y el director de la Policía, general Óscar Naranjo. Hace pocos días, Mario Montes de Oca, asesor jurídico de Comfavic, fue herido por sicarios en las calles de Montería. Alberto Luis Pastrana Soto, mensajero de la misma entidad, murió en el atentado.


A los líderes de las asociaciones de víctimas se les asesina o persigue judicialmente. A los máximos responsables del aparato criminal que ha usurpado la tierra y desplazado a los campesinos se les garantizan la impunidad y otros beneficios. En zonas como Montes de María, Urabá y Córdoba, las tierras robadas están siendo legalizadas mediante compras masivas que realizan consorcios cercanos al Gobierno y a la familia presidencial. No sólo legalizan el despojo por medio de redes de testaferros. Han creado un aberrante sistema que premia a quienes se lucran de la concentración violenta de la tierra con subsidios y créditos flexibles. Son los extremos de la injusticia.

Campaña: FIRME CONTRA LA TORTURA

Reconociendo la multiplicidad de impactos que a nivel individual, familiar y social causan las prácticas de tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes; La Coalición Colombiana Contra la Tortura – CCCT, decidió emprender un conjunto de acciones públicas, políticas y culturales, que coadyuven en el reconocimiento de este tipo de prácticas como un crimen de lesa humanidad que debe ser prevenido y sancionado por el Estado colombiano, y rechazado por la sociedad en su conjunto.

Objetivos de la campaña

* · Visibilizar la tortura y otros tratos o penas crueles, como una práctica generalizadaen todo el territorio nacional y como un crimen de lesa humanidad.
* · Sensibilizar a la sociedad nacional e internacional sobre los impactos políticos, psicosociales y culturales que este crimen deja en las víctimas, sus familias, organizaciones y comunidad.
* · Promover acciones que propendan por el reconocimiento de este crimen y la toma de medidas de prevención y sanción, que contribuyan a la superación de la impunidad y la recuperación integral de las víctimas.

En el Día de la No Violencia contra las Mujeres, Bogotá será escenario multitudinario por la PAZ del país.

Invitaciòn Tertulia

El MOVICE Capitulo Risaralda en su labor de dignificar la memoria del pueblo colombiano, ha programado una tertulia sobre las formas de reconstruciòn de la memoria,basada en dos experiencias; la masacre de Trujillo y la de San Jose de apartado.

Viernes 6 de noviembre
Lugar: Casa De La Mujer Y La Familia Stella Brand- carrera 10 N:23-12
Hora:6:pm

Denunciamos las arbitrariedades cometidas por el ejercito en contra de la poblaciòn civil.

Miembros de Ejército disparan indiscriminadamente contra 10 civiles en San José del Guaviare1

El 9 de septiembre una comisión de campesinos de la comunidad de la vereda Puerto Cachicamo salió por la trocha la Gorgona, con la intención de recoger una maquinaria vieja que se encontraba tirada en la carretera. Se detuvieron a desvarar un vehículo en el que se movilizaban, cuando de un momento a otro aparecieron tres guerrilleros y les preguntaron que para donde iban, ellos le informaron que iban a buscar una maquinaria vieja que estaba tirada mas adelante, los guerrilleros se fueron. Minutos mas tarde se estaban subiendo a los vehículos cuando empezaron a dispararles ráfagas de fusil, los campesinos gritaban que eran civiles, que no les disparan, pero sin embargo las ráfagas se mantuvieron alrededor de cinco minutos, en ese instante llego la tropa de la Brigada Móvil No 7, apuntándoles en la cabeza a los que estaban vivos, tirándolos al piso y señalándolos de ser guerrilleros, los trataban con palabras soeces y según uno de los sobrevivientes un soldado le iba a disparar a quema ropa a uno de los campesinos que esta tirado en el suelo, sino que uno de sus compañeros le decía que no lo hiciera, que eran civiles. Aproximadamente cada vehículo quedo con 150 impactos, según testimonio de los sobrevivientes. Luego de que los soldados inspeccionaron la zona y les decían a los campesinos que sobrevivieron, que tenían que decir que era un accidente, que los soldados había gritado alto, pero sin embargo, afirma uno de los pobladores que quedo herido, que ellos nunca escucharon al Ejército (…) se trasladaron los tres cadáveres, los tres heridos y los sobrevivientes hacia el batallón en San José del Guaviare.

Que no se quede en la impunidad este crimen de estado.

MADRES DE SOACHA RESPONSABILIZAN AL ESTADO COLOMBIANO POR SUS VIDAS

Escrito por E. T. Movice
jueves, 05 de noviembre de 2009

Este 29 de octubre, las madres de los jóvenes ejecutados extrajudicialmente en Soacha y el Capítulo Bogotá del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, hicieron visible ante la comunidad nacional e internacional las amenazas y hostigamientos de las que han sido objeto, luego de denunciar en diversas ocasiones los crímenes sucedidos, en los que algunos jóvenes fueron asesinados y presentados como caídos en combate por la Fuerza Pública en meses pasados.

Rompiendo el miedo y haciéndole frente a estas amenazas y hostigamientos, las madres de Soacha presentaron los 6 casos relativos a Luz María Bernal Porras, Carmenza Gómez Romero, María Ubilerma Sanabria López, Blanca Nubia Monroy, Edilma Vargas Rojas y Flor Hilda Hernández y dieron detalles sobre la ejecución de sus parientes, enfatizando la persecución que han sufrido ellas y sus familiares desde entonces.

Con los rostros compungidos y afligidos de dolor las madres hicieron responsable al Estado colombiano por lo que pudiera sucederle a cualquiera de ellas o familiares, en vista de que, como lo expresaron, corren peligro en estos momentos. También dijeron que presentarán las denuncias al Relator Especial de Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas, Phillip Amstrong.

Las madres se han resistido al silenciamiento que impone el olvido bajo las justas demandas de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Hoy están en riesgo de ser revictimizadas.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado se une a estas demandas, haciendo evidente la responsabilidad del Estado en la comisión de dichos crímenes y la obligación que tiene éste de esclarecerlos. Así mismo, responsabiliza al Estado colombiano por lo que pueda sucederle a cualquiera de los familiares y madres de los jóvenes asesinados.