Hechos:
La continuidad de operaciones paramilitares están generando nuevos desplazamientos forzados, los que no han sido evitados debido a la inacción e irresponsabilidad institucional para enfrentar el paramilitarismo enquistado territorialmente en una región estratégica en la confrontación armada con la guerrilla de las FARC EP y en donde se está implementando la estrategia de seguridad democrática.
El martes 15 de diciembre a las 4:00 p.m. de la tarde la Comisión de Justicia y Paz (CIJYP) fue informada de la presunta desaparición forzada de 16 campesinos debido a operaciones paramilitares en el caserío conocido como Nuevo Horizonte, La Florida, El Edén y Cañaveral en el municipio de Argelia, departamento de Cauca.
Desde el 8 de diciembre hasta la fecha se han desplazado más de 100 familias de estos caseríos. Algunas familias se han desplazado al casco urbano del municipio de Argelia, otras se encuentran hacinadas en el Colegio y en el hogar juvenil de la cabecera municipal de Argelia, y otros en Popayán en condiciones infrahumanas. Este es el tercer desplazamiento masivo que se produce en el municipio desde junio de 2008.
Hasta el momento estas familias no han recibido respuesta a sus derechos en materia humanitaria y de protección. Decenas de estas familias desplazadas son parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Sigue evidenciándose la tolerancia y la complicidad de efectivos del Batallón José Hilario López y la 29 brigada con la estrategia paramilitar, y su papel de abusos y extralimitaciones contra la libre movilización de la población y el transporte de bienes de supervivencia.
http://www.movimientodevictimas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=456&Itemid=1
sábado, 19 de diciembre de 2009
jueves, 10 de diciembre de 2009
sábado, 5 de diciembre de 2009
Declaración Primer Encuentro del MOVICE España
lunes, 30 de noviembre de 2009
Durante el 28 y 29 de noviembre en Madrid España, se llevo a acabo el Primer Encuentro del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado Colombiano, con colombianas y colombianos exiliados en este país y otros de la U.E que han sido perseguidos por razones políticas.
Este encuentro es el antecedente a la tercera audiencia internacional de la Comisión Ética de la Verdad con exiliados y exiliadas que se realizara en España. La semana entrante en Suecia se realizara la II audiencia de la Comisión Ética de la verdad en Suecia dando continuidad a la I que fue realizada en octubre de 2008 en París. Una de las graves preocupaciones fue cómo en el servicio diplomático de Colombia en el exterior se encuentran vinculadas personas comprometidas en violación de Derechos Humanos.
VER LA DECLARACIÒN EN : http://www.movimientodevictimas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=450&Itemid=1
Durante el 28 y 29 de noviembre en Madrid España, se llevo a acabo el Primer Encuentro del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado Colombiano, con colombianas y colombianos exiliados en este país y otros de la U.E que han sido perseguidos por razones políticas.
Este encuentro es el antecedente a la tercera audiencia internacional de la Comisión Ética de la Verdad con exiliados y exiliadas que se realizara en España. La semana entrante en Suecia se realizara la II audiencia de la Comisión Ética de la verdad en Suecia dando continuidad a la I que fue realizada en octubre de 2008 en París. Una de las graves preocupaciones fue cómo en el servicio diplomático de Colombia en el exterior se encuentran vinculadas personas comprometidas en violación de Derechos Humanos.
VER LA DECLARACIÒN EN : http://www.movimientodevictimas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=450&Itemid=1
jueves, 26 de noviembre de 2009
Los extremos de la injusticia
Escrito por Iván Cepeda Vargas
jueves, 26 de noviembre de 2009
Visité a Carmelo Agámez en la prisión de Corozal hace unos meses. Se encontraba en un pequeño patio rodeado de los jefes paramilitares y de los políticos corruptos que había denunciado ante los fiscales.
Le pregunté cómo podía lidiar él —un caracterizado líder del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado— con esa peligrosa convivencia. Me respondió: “Con inteligencia”. Esa tarde vi la tristeza en su mirada cuando se despidió de su nieto, quien lo visitaba junto al resto de su familia. Carmelo, el líder de las víctimas de San Onofre, Sucre, cumple en estos días un año de haber sido encarcelado. Luego de organizar a los campesinos y de encabezar la revuelta para acabar con la parapolítica en esa región del país, se desató en su contra una brutal persecución. Los constantes hostigamientos llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir medidas de protección especial para garantizar su vida y la de otros 15 activistas del Movimiento de Víctimas en Sucre. Entonces la venganza tomó la forma de un montaje judicial. Sus enemigos lo acusaron de haber participado en la alianza criminal que precisamente combatió toda su vida. A mediados de este año se abrió una investigación penal contra el fiscal segundo especializado de Sincelejo, Rodolfo Martínez, por la manera arbitraria en que estaba conduciendo el caso de Carmelo. Se logró el traslado del expediente a Bogotá. Pero de nada sirvió. Esta semana la fiscalía 28 especializada perteneciente a la Unidad contra el Terrorismo lo llamó a juicio por concierto para delinquir agravado.
Mientras tanto, en Córdoba sigue desarrollándose un plan para acabar con las organizaciones de mujeres desplazadas. Primero asesinaron a Yolanda Izquierdo, quien dirigió la recuperación de más de 800 hectáreas de la finca Las Tangas. Luego de ese homicidio, el presidente Álvaro Uribe anunció en un discurso, con tono firme, acciones para entregar la tierra arrebatada a los desplazados y medidas para garantizar su protección. Ninguno de esos anuncios se cumplió. Por el contrario, la situación de las víctimas ha empeorado. La principal acusada de la muerte de Yolanda, Sor Teresa Gómez, no ha sido aún capturada. Este año fue asesinada Ana Isabel Gómez, integrante de la junta directiva del Comité de Familiares Víctimas de la Violencia en Córdoba, Comfavic. Su homicidio ocurrió una hora después de que terminó en Montería un consejo de seguridad en el que estuvieron el comandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla de León, y el director de la Policía, general Óscar Naranjo. Hace pocos días, Mario Montes de Oca, asesor jurídico de Comfavic, fue herido por sicarios en las calles de Montería. Alberto Luis Pastrana Soto, mensajero de la misma entidad, murió en el atentado.
A los líderes de las asociaciones de víctimas se les asesina o persigue judicialmente. A los máximos responsables del aparato criminal que ha usurpado la tierra y desplazado a los campesinos se les garantizan la impunidad y otros beneficios. En zonas como Montes de María, Urabá y Córdoba, las tierras robadas están siendo legalizadas mediante compras masivas que realizan consorcios cercanos al Gobierno y a la familia presidencial. No sólo legalizan el despojo por medio de redes de testaferros. Han creado un aberrante sistema que premia a quienes se lucran de la concentración violenta de la tierra con subsidios y créditos flexibles. Son los extremos de la injusticia.
viernes, 20 de noviembre de 2009
Campaña: FIRME CONTRA LA TORTURA
Reconociendo la multiplicidad de impactos que a nivel individual, familiar y social causan las prácticas de tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes; La Coalición Colombiana Contra la Tortura – CCCT, decidió emprender un conjunto de acciones públicas, políticas y culturales, que coadyuven en el reconocimiento de este tipo de prácticas como un crimen de lesa humanidad que debe ser prevenido y sancionado por el Estado colombiano, y rechazado por la sociedad en su conjunto.
Objetivos de la campaña
* · Visibilizar la tortura y otros tratos o penas crueles, como una práctica generalizadaen todo el territorio nacional y como un crimen de lesa humanidad.
* · Sensibilizar a la sociedad nacional e internacional sobre los impactos políticos, psicosociales y culturales que este crimen deja en las víctimas, sus familias, organizaciones y comunidad.
* · Promover acciones que propendan por el reconocimiento de este crimen y la toma de medidas de prevención y sanción, que contribuyan a la superación de la impunidad y la recuperación integral de las víctimas.
martes, 17 de noviembre de 2009
jueves, 5 de noviembre de 2009
Invitaciòn Tertulia
El MOVICE Capitulo Risaralda en su labor de dignificar la memoria del pueblo colombiano, ha programado una tertulia sobre las formas de reconstruciòn de la memoria,basada en dos experiencias; la masacre de Trujillo y la de San Jose de apartado.
Viernes 6 de noviembre
Lugar: Casa De La Mujer Y La Familia Stella Brand- carrera 10 N:23-12
Hora:6:pm
Denunciamos las arbitrariedades cometidas por el ejercito en contra de la poblaciòn civil.
Miembros de Ejército disparan indiscriminadamente contra 10 civiles en San José del Guaviare1
El 9 de septiembre una comisión de campesinos de la comunidad de la vereda Puerto Cachicamo salió por la trocha la Gorgona, con la intención de recoger una maquinaria vieja que se encontraba tirada en la carretera. Se detuvieron a desvarar un vehículo en el que se movilizaban, cuando de un momento a otro aparecieron tres guerrilleros y les preguntaron que para donde iban, ellos le informaron que iban a buscar una maquinaria vieja que estaba tirada mas adelante, los guerrilleros se fueron. Minutos mas tarde se estaban subiendo a los vehículos cuando empezaron a dispararles ráfagas de fusil, los campesinos gritaban que eran civiles, que no les disparan, pero sin embargo las ráfagas se mantuvieron alrededor de cinco minutos, en ese instante llego la tropa de la Brigada Móvil No 7, apuntándoles en la cabeza a los que estaban vivos, tirándolos al piso y señalándolos de ser guerrilleros, los trataban con palabras soeces y según uno de los sobrevivientes un soldado le iba a disparar a quema ropa a uno de los campesinos que esta tirado en el suelo, sino que uno de sus compañeros le decía que no lo hiciera, que eran civiles. Aproximadamente cada vehículo quedo con 150 impactos, según testimonio de los sobrevivientes. Luego de que los soldados inspeccionaron la zona y les decían a los campesinos que sobrevivieron, que tenían que decir que era un accidente, que los soldados había gritado alto, pero sin embargo, afirma uno de los pobladores que quedo herido, que ellos nunca escucharon al Ejército (…) se trasladaron los tres cadáveres, los tres heridos y los sobrevivientes hacia el batallón en San José del Guaviare.
Que no se quede en la impunidad este crimen de estado.
El 9 de septiembre una comisión de campesinos de la comunidad de la vereda Puerto Cachicamo salió por la trocha la Gorgona, con la intención de recoger una maquinaria vieja que se encontraba tirada en la carretera. Se detuvieron a desvarar un vehículo en el que se movilizaban, cuando de un momento a otro aparecieron tres guerrilleros y les preguntaron que para donde iban, ellos le informaron que iban a buscar una maquinaria vieja que estaba tirada mas adelante, los guerrilleros se fueron. Minutos mas tarde se estaban subiendo a los vehículos cuando empezaron a dispararles ráfagas de fusil, los campesinos gritaban que eran civiles, que no les disparan, pero sin embargo las ráfagas se mantuvieron alrededor de cinco minutos, en ese instante llego la tropa de la Brigada Móvil No 7, apuntándoles en la cabeza a los que estaban vivos, tirándolos al piso y señalándolos de ser guerrilleros, los trataban con palabras soeces y según uno de los sobrevivientes un soldado le iba a disparar a quema ropa a uno de los campesinos que esta tirado en el suelo, sino que uno de sus compañeros le decía que no lo hiciera, que eran civiles. Aproximadamente cada vehículo quedo con 150 impactos, según testimonio de los sobrevivientes. Luego de que los soldados inspeccionaron la zona y les decían a los campesinos que sobrevivieron, que tenían que decir que era un accidente, que los soldados había gritado alto, pero sin embargo, afirma uno de los pobladores que quedo herido, que ellos nunca escucharon al Ejército (…) se trasladaron los tres cadáveres, los tres heridos y los sobrevivientes hacia el batallón en San José del Guaviare.
Que no se quede en la impunidad este crimen de estado.
MADRES DE SOACHA RESPONSABILIZAN AL ESTADO COLOMBIANO POR SUS VIDAS
Escrito por E. T. Movice
jueves, 05 de noviembre de 2009
Este 29 de octubre, las madres de los jóvenes ejecutados extrajudicialmente en Soacha y el Capítulo Bogotá del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, hicieron visible ante la comunidad nacional e internacional las amenazas y hostigamientos de las que han sido objeto, luego de denunciar en diversas ocasiones los crímenes sucedidos, en los que algunos jóvenes fueron asesinados y presentados como caídos en combate por la Fuerza Pública en meses pasados.
Rompiendo el miedo y haciéndole frente a estas amenazas y hostigamientos, las madres de Soacha presentaron los 6 casos relativos a Luz María Bernal Porras, Carmenza Gómez Romero, María Ubilerma Sanabria López, Blanca Nubia Monroy, Edilma Vargas Rojas y Flor Hilda Hernández y dieron detalles sobre la ejecución de sus parientes, enfatizando la persecución que han sufrido ellas y sus familiares desde entonces.
Con los rostros compungidos y afligidos de dolor las madres hicieron responsable al Estado colombiano por lo que pudiera sucederle a cualquiera de ellas o familiares, en vista de que, como lo expresaron, corren peligro en estos momentos. También dijeron que presentarán las denuncias al Relator Especial de Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas, Phillip Amstrong.
Las madres se han resistido al silenciamiento que impone el olvido bajo las justas demandas de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Hoy están en riesgo de ser revictimizadas.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado se une a estas demandas, haciendo evidente la responsabilidad del Estado en la comisión de dichos crímenes y la obligación que tiene éste de esclarecerlos. Así mismo, responsabiliza al Estado colombiano por lo que pueda sucederle a cualquiera de los familiares y madres de los jóvenes asesinados.
viernes, 30 de octubre de 2009
ARREMETIDA VIOLENTA DEL ESMAD EN CONTRA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DEL RESGUARDO CAÑAMOMO LOMAPRIETA
Resguardo Indígena
Cañamomo – Lomaprieta
Riosucio y Supía Caldas
Nit 810.003.358-3
ARREMETIDA VIOLENTA DEL ESMAD EN CONTRA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DEL RESGUARDO CAÑAMOMO LOMAPRIETA
Martes, 27 de octubre de 2009
En el transcurso de los graves hechos sucedidos ayer 26 de octubre del 2009 en la comunidad indígena de la Iberia jurisdicción de nuestro resguardo, cuando integrantes de la fuerza pública incursionaron de manera violenta en una acción abiertamente irregular para asesinar a un comunero indígena, quien fue auxiliado por la acción valiente y legitima de la comunidad para defender su derecho a la vida.
Hoy, 27 de octubre, siendo las 4:30 de la mañana, hicieron presencia en la comunidad de la Iberia, el Secretario de Gobierno Departamental de Caldas señor HENRY MURILLO, el delegado departamental de Asuntos Indígenas señor OSCAR BETANCURT y el comandante del Departamento de Policía Caldas coronel JAIME OSPINA LOAIZA, quienes solicitaron al gobernador indígena una reunión inmediata para conocer su versión de los hechos ocurridos el día anterior. Durante la reunión los representantes del gobierno hicieron afirmaciones acerca de la legalidad del procedimiento irregular que sus agentes encubiertos realizaron, y deslegitimaron el ejercicio de la jurisdicción especial indígena, y el derecho a la justicia que clamaba la comunidad por la debida investigación y esclarecimiento de los confusos hechos. Posterior a ese ambiente de aparente diálogo y concertación con dichos representantes para generar confianza y realizar la audiencia de garantías, para el esclarecimiento de los hechos y sanción de los responsables, estos funcionarios y el personero municipal de Riosucio se retiraron disimuladamente del lugar, no sin antes mencionar su inconformidad frente a la audiencia y su interés por llevarse inmediatamente a los 4 agentes implicados que siempre estuvieron en manos de la fuerza pública , burlando así, la confianza que la comunidad depositó en ellos como garantes de los derechos humanos, ya que permitieron a espaldas de la comunidad indígena y la defensoría del pueblo, la incursión violenta del escuadrón antidisturbios ESMAD, compuesto por aproximadamente 500 hombres que se movilizaban en más de 15 camiones a eso de las 7.00 AM; procedieron de inmediato a lanzar gases, y balas de goma contra la concentración pacífica de la comunidad, los niños de la guardería y los estudiantes de la escuela, el colegio y la Defensora Comunitaria de la Defensoría del Pueblo, llevándose a los 4 hombres implicados en la acción delictiva contra los indígenas José Esteban Tapasco y José Ceferino Cañas. Frente a estos nuevos hechos denunciamos:
El peligro inminente en que se encuentra la comunidad y las autoridades tradicionales por los señalamientos que han venido haciendo los representantes del gobierno y la fuerza pública, en los cuales se pone en duda el ejercicio legítimo de la jurisdicción especial indígena.
Denunciamos el manejo sesgado de la información que han venido haciendo los medios de comunicación y los funcionarios del gobierno acerca de la verdad de los hechos sucedidos en la comunidad de la Iberia el día 26 de Octubre de 2009, en los cuales se tergiversan hechos tan gravosos ocurridos contra la comunidad indígena como si esta fuera la responsable de las agresiones realizadas en su contra.
Rechazamos la defensa por parte de los representantes del gobierno a las acciones ilegales de la fuerza pública, que se vienen legitimando bajo la excusa de operar sobre un supuesto manto de legalidad, violándose tanto la jurisdicción especial indígena como la jurisdicción ordinaria en materia de Derechos Humanos y el DIH.
Denunciamos el irrespeto de los representantes del gobierno con las autoridades indígenas, al pretender negar ante la opinión pública los verdaderos hechos ocurridos en la comunidad de la Iberia.
Denunciamos la actitud complaciente e irresponsable del personero municipal de Riosucio señor JESÚS MARIA SANCHEZ con los atropellos perpetrados por la fuerza pública contra la comunidad indígena.
Rechazamos la brutal agresión del escuadrón antidisturbios ESMAD, quien arremete violentamente contra la comunidad indígena lanzando gases lacrimógenos y balas de goma que lesionaron a la comunidad que se encontraba reunida de manera pacífica, buscando garantías en el espacio de la audiencia pública para el esclarecimiento de los hechos relatados anteriormente en los demás comunicados.
Asimismo, declaramos personas no gratas en nuestras comunidades indígenas al señor HENRY MURILLO secretario de gobierno departamental, al señor OSCAR BETANCURT delegado departamental de la oficina de asuntos étnicos, el coronel comandante de departamento de policía Caldas JAIME OSPINA LOAIZA y el personero municipal de Riosucio JESUS MARIA SANCHEZ, por la manera cínica y mentirosa como se acercaron a la comunidad y sus autoridades tradicionales, ya que por un lado concitaban al diálogo abierto y desprevenido, y por el otro preparaban la arremetida violenta del ESMAD contra la comunidad indígena.
Alertamos acerca del inminente peligro que corre nuestra comunidad y responsabilizamos al gobierno y al Estado colombiano frente a cualquier hecho que ponga en riesgo la vida y la integridad física de nuestros comuneros y comuneras, y líderes señalados, ya que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los Tratados y Convenios Internacionales sobre el Estado Colombiano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional.
Por tal razón, el mayor deber jurídico del Estado, es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión.
Reiteramos nuestro llamado urgente a la solidaridad de las organizaciones hermanas, ONGS y organismos internacionales de Derechos Humanos, para que cese el ataque y persecución en contra de la organización indígena del resguardo de Cañamomo-Lomaprieta y del Pueblo Embera Chamí de Caldas.
AUTORIDADES TRADICIONALES
RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO-LOMAPRIETA
RIOSUCIO-SUPÍA, CALDAS, COLOMBIA
Cañamomo – Lomaprieta
Riosucio y Supía Caldas
Nit 810.003.358-3
ARREMETIDA VIOLENTA DEL ESMAD EN CONTRA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DEL RESGUARDO CAÑAMOMO LOMAPRIETA
Martes, 27 de octubre de 2009
En el transcurso de los graves hechos sucedidos ayer 26 de octubre del 2009 en la comunidad indígena de la Iberia jurisdicción de nuestro resguardo, cuando integrantes de la fuerza pública incursionaron de manera violenta en una acción abiertamente irregular para asesinar a un comunero indígena, quien fue auxiliado por la acción valiente y legitima de la comunidad para defender su derecho a la vida.
Hoy, 27 de octubre, siendo las 4:30 de la mañana, hicieron presencia en la comunidad de la Iberia, el Secretario de Gobierno Departamental de Caldas señor HENRY MURILLO, el delegado departamental de Asuntos Indígenas señor OSCAR BETANCURT y el comandante del Departamento de Policía Caldas coronel JAIME OSPINA LOAIZA, quienes solicitaron al gobernador indígena una reunión inmediata para conocer su versión de los hechos ocurridos el día anterior. Durante la reunión los representantes del gobierno hicieron afirmaciones acerca de la legalidad del procedimiento irregular que sus agentes encubiertos realizaron, y deslegitimaron el ejercicio de la jurisdicción especial indígena, y el derecho a la justicia que clamaba la comunidad por la debida investigación y esclarecimiento de los confusos hechos. Posterior a ese ambiente de aparente diálogo y concertación con dichos representantes para generar confianza y realizar la audiencia de garantías, para el esclarecimiento de los hechos y sanción de los responsables, estos funcionarios y el personero municipal de Riosucio se retiraron disimuladamente del lugar, no sin antes mencionar su inconformidad frente a la audiencia y su interés por llevarse inmediatamente a los 4 agentes implicados que siempre estuvieron en manos de la fuerza pública , burlando así, la confianza que la comunidad depositó en ellos como garantes de los derechos humanos, ya que permitieron a espaldas de la comunidad indígena y la defensoría del pueblo, la incursión violenta del escuadrón antidisturbios ESMAD, compuesto por aproximadamente 500 hombres que se movilizaban en más de 15 camiones a eso de las 7.00 AM; procedieron de inmediato a lanzar gases, y balas de goma contra la concentración pacífica de la comunidad, los niños de la guardería y los estudiantes de la escuela, el colegio y la Defensora Comunitaria de la Defensoría del Pueblo, llevándose a los 4 hombres implicados en la acción delictiva contra los indígenas José Esteban Tapasco y José Ceferino Cañas. Frente a estos nuevos hechos denunciamos:
El peligro inminente en que se encuentra la comunidad y las autoridades tradicionales por los señalamientos que han venido haciendo los representantes del gobierno y la fuerza pública, en los cuales se pone en duda el ejercicio legítimo de la jurisdicción especial indígena.
Denunciamos el manejo sesgado de la información que han venido haciendo los medios de comunicación y los funcionarios del gobierno acerca de la verdad de los hechos sucedidos en la comunidad de la Iberia el día 26 de Octubre de 2009, en los cuales se tergiversan hechos tan gravosos ocurridos contra la comunidad indígena como si esta fuera la responsable de las agresiones realizadas en su contra.
Rechazamos la defensa por parte de los representantes del gobierno a las acciones ilegales de la fuerza pública, que se vienen legitimando bajo la excusa de operar sobre un supuesto manto de legalidad, violándose tanto la jurisdicción especial indígena como la jurisdicción ordinaria en materia de Derechos Humanos y el DIH.
Denunciamos el irrespeto de los representantes del gobierno con las autoridades indígenas, al pretender negar ante la opinión pública los verdaderos hechos ocurridos en la comunidad de la Iberia.
Denunciamos la actitud complaciente e irresponsable del personero municipal de Riosucio señor JESÚS MARIA SANCHEZ con los atropellos perpetrados por la fuerza pública contra la comunidad indígena.
Rechazamos la brutal agresión del escuadrón antidisturbios ESMAD, quien arremete violentamente contra la comunidad indígena lanzando gases lacrimógenos y balas de goma que lesionaron a la comunidad que se encontraba reunida de manera pacífica, buscando garantías en el espacio de la audiencia pública para el esclarecimiento de los hechos relatados anteriormente en los demás comunicados.
Asimismo, declaramos personas no gratas en nuestras comunidades indígenas al señor HENRY MURILLO secretario de gobierno departamental, al señor OSCAR BETANCURT delegado departamental de la oficina de asuntos étnicos, el coronel comandante de departamento de policía Caldas JAIME OSPINA LOAIZA y el personero municipal de Riosucio JESUS MARIA SANCHEZ, por la manera cínica y mentirosa como se acercaron a la comunidad y sus autoridades tradicionales, ya que por un lado concitaban al diálogo abierto y desprevenido, y por el otro preparaban la arremetida violenta del ESMAD contra la comunidad indígena.
Alertamos acerca del inminente peligro que corre nuestra comunidad y responsabilizamos al gobierno y al Estado colombiano frente a cualquier hecho que ponga en riesgo la vida y la integridad física de nuestros comuneros y comuneras, y líderes señalados, ya que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los Tratados y Convenios Internacionales sobre el Estado Colombiano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional.
Por tal razón, el mayor deber jurídico del Estado, es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión.
Reiteramos nuestro llamado urgente a la solidaridad de las organizaciones hermanas, ONGS y organismos internacionales de Derechos Humanos, para que cese el ataque y persecución en contra de la organización indígena del resguardo de Cañamomo-Lomaprieta y del Pueblo Embera Chamí de Caldas.
AUTORIDADES TRADICIONALES
RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO-LOMAPRIETA
RIOSUCIO-SUPÍA, CALDAS, COLOMBIA
jueves, 29 de octubre de 2009
Queremos mostrar este video (realizado por el observatorio audiovisual e investigativo sobre procesos comunitarios y de resistencia) de la historica marcha del 6 de marzo de 2008 impulsada por el Movimiento Nacional De Victimas De Crimenes De Estado y otras organizaciones más. Con propòsitos como; dignificar la vida y la memoria de las victimas, denunciar el estado paramilitar y exigir verdad, justicia y reparaciòn integral para las victimas.
Denuncia pública
Escrito por E. T. Movice
lunes, 19 de octubre de 2009
CONTINUAN LAS AGRESIONES CONTRA LOS FAMILIARES DE LAS VÌCTIMAS DE LOS MAL LLAMADOS “FALSOS POSITIVOS”
Con panfletos que dejan en las puertas y paredes de sus casas, amenazando de muerte, ahora se pretende callar el reclamo de justicia, que hacen las madres y los familiares de las víctimas del conocido “caso de Ocaña”.
El jueves 15 de Octubre de 2009 se ha difundido por los medios masivos de comunicación la noticia, las madres de Soacha y sus familiares están siendo ahora víctimas de amenazas contra su vida e integridad por reclamar al Estado que se esclarezcan los hechos en medio de los cuales sus hijos y familiares fueron desaparecidos y luego asesinados en otras regiones del país, por el Ejercito Nacional, para luego presentarlos como “dados de baja en combate” sumando así réditos a la “política de seguridad democrática”.
El Capítulo Bogotá del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, exige al gobierno garantías para la integridad física y moral de estas familias cuyo único sentir es reclamar “verdad, justicia, reparación integral y garantías de NO repetición”, y que sus legítimas exigencias no sean contestadas con nuevas vulneraciones a su dignidad que promueven la impunidad afirmada con la negación a sus derechos.
PETICIONES
Solicitamos a las organizaciones sociales, organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos se pronuncien. A los organismos de control del Estado y la fiscalía se tomen las medidas pertinentes contra este tipo de hechos que atentan los derechos fundamentales de las víctimas.
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
MANDATO DEL PRECONGRESO DE LA MINGA CENTRO.LEGISLACION POPULAR OCTUBRE 14, 15 Y 16 CIUDAD DE BOGOTA
Luego de legislar dos días de manera horizontal sobre las problemáticas de los pueblos que habitan el territorio central de Colombia, en el marco de los cinco puntos de la agenda de la minga nacional popular y comunitaria, y con presencia de los sectores estudiantiles, comunitarios, de mujeres, indígenas, organizaciones ambientalistas, de lucha contra los tratado de libre comercio entre otros, emitimos este manifiesto dirigido al pueblo colombiano y todas las gentes de buena voluntad que creen en la posibilidad del cambio social en Colombia. EL PRECONGRESO POPULAR EN PLENO RESUELVE:
COMPROMETEMOS CON:
1. Luchar contra las estructuras de dominación económica, política y cultural que representan el sistema económico, imperialista y del despojo capitalista que atenta contra la naturaleza y la vida humana y proponer otra forma de organización no capitalista y para la vida.
2. Investigar y denunciar los nombres y la forma de actuar de los verdaderos culpables del despojo, que están detrás de los conflictos territoriales y nombrarlos con nombre propio ante la opinión pública.
3. Mejorar nuestra comprensión del territorio Minga centro, para la construcción de un proceso de integración social que nos permita avanzar en la construcción de planes de vida, gobierno popular y legislación propia.
4. Organizarnos para luchar conjuntamente contra el IRSA, los Planes departamentales de Agua, la explotación Minera, las hidroeléctricas y los planes de reforma del territorio en las ciudades (plan centro, aeropuerto, etc.)
5. Pensar la lectura de mundo, el lenguaje, el estudio, la formación y la investigación, en el conjunto de las organizaciones sociales, desde una perspectiva de pensamiento no colonial.
6. Desarrollar e implementar, desde la diversidad territorial, una estrategia de aplicación de pedagogías para la emancipación, coherentes entre la teoría y la práctica, que aporte en material didáctico para la gente más sencilla.
7. Reconstruir la memoria histórica como estrategia para la construcción de un proceso político popular.
8. Diseñar un periódico para los territorios en donde se informen sus problemáticas en perspectiva nacional, que permita informar el proceso de minga región centro.
9. Crear y fortalecer un equipo donde la unidad de producción y la economía alternativa sea tema de investigación y práctica, que apunte a articular las iniciativas en curso y prefigurar relaciones sociales y económicas transformadas en el trabajo.
10. Luchar por construir vínculos con el movimiento social y político superando las prácticas sectarias que no han permitido la unidad en la lucha por una sociedad distinta.
11. Caminar la palabra en barrios y veredas para profundizar y avanzar en cercanías con otros procesos y comunidades, y nutrir de gente conciente el proceso. Ante la tergiversación y manipulación de los medios masivos de comunicación nos comprometemos con impulsar todas las iniciativas posibles de articulación de los medios alternativos de comunicación. Desarrollaremos una estrategia de comunicación para visibilizar y acompañar los procesos en lucha.
12. Creemos que es necesario comprender la vida como vida digna con una resignificación de lo ético para la construcción de relaciones transformadas, de allí que nos comprometemos con:
1. Profundizar en la comprensión de las causas y dinámicas del conflicto social y armado en el país, apoyando la propuesta de diálogos regionales, desde una perspectiva de solución social y política al conflicto.
2. Para nosotros los derechos humanos son la victorias de la luchas de los pueblos, por ello comprendemos los derechos fundamentales como todos aquellos dignifican la vida, dentro de los que reivindicamos el derecho al territorio, a la vida, a la educación, a la objeción de conciencia, a la salud integral, a la cultural, la libre expresión, al trabajo, a la vivienda.
3. Construir ejercicio de organización autónoma para construir poder popular, que busque la unidad de los sectores sociales.
Con este mandato caminaremos la palabra en el propósito de llegar más fuertes y organizados al congreso del pueblo, en el año 2010. Año que conmemoraremos los 200 años de resistencia al proyecto que implemento las instituciones políticas del mal gobierno que nos agobia con guerra y hambre.
Fuerza compañeros.
Firman:
Gentes presentes en este encuentro.
http://www.redcolombia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=680&Itemid=34
miércoles, 14 de octubre de 2009
El gobierno, desaprovechó la oportunidad que le dió la Minga de Resistencia Social y Comunitaria
Según las palabras del Consejero Mayor CRIC, Élides Pechené, el Gobierno no aprovechó la oportunidad que le dio la Minga de Resistencia Social y Comunitaria para demostrar que su voluntad de cumplimiento no es solo de palabra sino de hechos, al citarlo a esta jornada de los días 9 y 10 de los corrientes, en La María, Piendamó.
Cómo recordara el país, la Minga citó al gobierno el 8 y 9 de octubre en el Territorio de Convivencia, Dialogo y Negociación, Resguardo de la María, para evaluar los acuerdos y compromisos pactados en el marco de la Minga el año pasado.
El objetivo previsto por las partes fue evaluar el nivel de cumplimiento de los acuerdos, de conformidad a lo convenido en Bogotá en noviembre del 2008 entre el gobierno nacional y la Minga de resistencia social y comunitaria
A pesar de haber realizado una jornada que en los dos días fue superior a las doce horas de trabajo, el gobierno nacional Hizo gala de su capacidad para dilatar, confundir y negar su responsabilidad con los compromisos adquiridos en procesos de movilización con los pueblos indígenas, los sectores campesinos y las organizaciones urbanas, mineras, desplazados, destechados y viviendistas.
Leer en: http://www.cric-colombia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=154:el-gobierno-desaprovecho-la-oportunidad-que-le-dio-la-minga-de-resistencia-civil-y-comunitaria
LA MINGA CONTINUA
AVANZA LA MINGA DE RESISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA.
Este martes llega la Minga de Resistencia Civil a Cali por CRIC
A pesar del cansancio, la minga continua avanzado metro a metro hacia la ciudad de Cali. Después de pernoctar la noche anterior en Villa Rica(Cauca), muy temprano hoy 12 de octubre levantaron sus cambuches y a las 8:00 de la mañana más de 10 mil personas estaban listos para recibir la orden de salida por parte de la guardia indígena.
Leer en: http://colombia.indymedia.org/news/2009/10/107652.php
jueves, 8 de octubre de 2009
Más claro no canta un gallo
Por: Alfredo Molano Bravo
HACE UNOS DÍAS ESCRIBÍ UNA CRÓNICA sobre el enfrentamiento de campesinos del sur de Bolívar con una de las empresas agropecuarias más poderosas de la costa, la Daabon (Dávila Abondano).
Estuve en la zona, conversé con parceleros, autoridades civiles, policías, abogados, curas y demás personas que tuvieran conocimiento del caso. Pedí a los Dávila su versión, pero nunca la obtuve. Se trataba —o, mejor, se trata— de un clásico litigio sobre tierras. El predio Las Pavas había sido propiedad de un señor Escobar Fernández —supuesto narcotraficante— que se esfumó. La hacienda fue ocupada por campesinos desplazados de sus fincas por el doble efecto complementario de la concentración de la propiedad y el paramilitarismo. El Incoder en 2006 inició el proceso de extinción de dominio para repartir la tierra entre los ocupantes. En 2007, Inversiones Tequendama e Inversiones San Isidro (Daabon) adquirieron el predio Las Pavas y un año después iniciaron una demanda para desalojar a los campesinos que trabajaban en ella y que esperaban que el Gobierno les cumpliera lo prometido. En honor a la verdad, el Incoder nunca notificó el proceso a la Oficina de Instrumentos Públicos. El desalojo se cumplió y las 120 familias fueron empujadas por la Policía y el Ejército a uno de los pocos lugares públicos que sobreviven a la invasión de la palma africana: una escuela rural.
Como sucede con algunas de mis crónicas, pocos días después de publicada la de Las Pavas, llegó a la dirección de El Espectador una larga carta con sellos y firmas de todo tipo, que argüía que mi versión era, al menos, tendenciosa. El Grupo Daabon se define a sí mismo como una sociedad que propende por el bienestar campesino, caracterización que espoleó mi curiosidad. Pues bien, Daabon es un conglomerado empresarial que mueve unos 120 millones de dólares al año y exporta aceite de palma, banano, café, azúcar y cacao a Europa, EE.UU. y Japón, y anda detrás del mercado nacional de biodiésel. En Magdalena y La Guajira el grupo controla 18.000 hectáreas de oleaginosas y desarrolla en la isla Papayal, sur de Bolívar, un cultivo de 66.000 más. Van por todo: en febrero pasado, el presidente Uribe y el presidente de Daabon, Alberto Dávila Díaz-Granados, inauguraron en Santa Marta una planta de biocombustibles considerada la más grande de América Latina, capaz de procesar 100.000 toneladas de aceite de palma. Sobraría decir que Daabon tiene otras compañías además de las citadas. Hasta aquí, todo normal: un pulpo descomunal tragándose unas sardinas.
La revista Cambio revolcó el avispero: los Dávila han recibido como regalo del Gobierno —léase Agro Ingreso Seguro— 903 millones de pesos para obras de riego y drenaje; con esa plata se habría podido comprar toda la hacienda de Las Pavas. Todo legal, digamos. Al fin, es una familia experta en negocios. Y también en política: Inversiones Tequendama e Inversiones La Samaria aportaron 30 millones de pesos para el Comité Promotor de la Reelección Presidencial de Uribe, Colombia Primero. Uribito, y ahora su reemplazo, un señor Fernández —que también habla paisa—, se adelantaron a jurar que los beneficiados por el Gobierno no sólo eran gente bien, sino que no se les estaba pagando favor alguno. Con el mismo fundamento, el Gobierno diría que Daabon nada tuvo que ver con el derrame de aceite crudo de palma que contaminó la bahía de Taganga hace unos meses. Negaría también que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira haya multado a Daabon Organic con 125 millones de pesos por violar las normas ambientales. Y podría llegar a negar que la famosa compañía de cosméticos Body Shop es miembro del Código Básico de Comercio Ético y una ferviente defensora de los Derechos Humanos que colabora con Amnistía Internacional. Lo que no podrá negar ya es que Eduardo Dávila y José Domingo Dávila, aunque no sean socios de Daabon —como dice el doctor Barreneche, abogado de Daabon—, están acusados por la Fiscalía de tener nexos con los grupos paramilitares y están en la cárcel
Por: Alfredo Molano Bravo
HACE UNOS DÍAS ESCRIBÍ UNA CRÓNICA sobre el enfrentamiento de campesinos del sur de Bolívar con una de las empresas agropecuarias más poderosas de la costa, la Daabon (Dávila Abondano).
Estuve en la zona, conversé con parceleros, autoridades civiles, policías, abogados, curas y demás personas que tuvieran conocimiento del caso. Pedí a los Dávila su versión, pero nunca la obtuve. Se trataba —o, mejor, se trata— de un clásico litigio sobre tierras. El predio Las Pavas había sido propiedad de un señor Escobar Fernández —supuesto narcotraficante— que se esfumó. La hacienda fue ocupada por campesinos desplazados de sus fincas por el doble efecto complementario de la concentración de la propiedad y el paramilitarismo. El Incoder en 2006 inició el proceso de extinción de dominio para repartir la tierra entre los ocupantes. En 2007, Inversiones Tequendama e Inversiones San Isidro (Daabon) adquirieron el predio Las Pavas y un año después iniciaron una demanda para desalojar a los campesinos que trabajaban en ella y que esperaban que el Gobierno les cumpliera lo prometido. En honor a la verdad, el Incoder nunca notificó el proceso a la Oficina de Instrumentos Públicos. El desalojo se cumplió y las 120 familias fueron empujadas por la Policía y el Ejército a uno de los pocos lugares públicos que sobreviven a la invasión de la palma africana: una escuela rural.
Como sucede con algunas de mis crónicas, pocos días después de publicada la de Las Pavas, llegó a la dirección de El Espectador una larga carta con sellos y firmas de todo tipo, que argüía que mi versión era, al menos, tendenciosa. El Grupo Daabon se define a sí mismo como una sociedad que propende por el bienestar campesino, caracterización que espoleó mi curiosidad. Pues bien, Daabon es un conglomerado empresarial que mueve unos 120 millones de dólares al año y exporta aceite de palma, banano, café, azúcar y cacao a Europa, EE.UU. y Japón, y anda detrás del mercado nacional de biodiésel. En Magdalena y La Guajira el grupo controla 18.000 hectáreas de oleaginosas y desarrolla en la isla Papayal, sur de Bolívar, un cultivo de 66.000 más. Van por todo: en febrero pasado, el presidente Uribe y el presidente de Daabon, Alberto Dávila Díaz-Granados, inauguraron en Santa Marta una planta de biocombustibles considerada la más grande de América Latina, capaz de procesar 100.000 toneladas de aceite de palma. Sobraría decir que Daabon tiene otras compañías además de las citadas. Hasta aquí, todo normal: un pulpo descomunal tragándose unas sardinas.
La revista Cambio revolcó el avispero: los Dávila han recibido como regalo del Gobierno —léase Agro Ingreso Seguro— 903 millones de pesos para obras de riego y drenaje; con esa plata se habría podido comprar toda la hacienda de Las Pavas. Todo legal, digamos. Al fin, es una familia experta en negocios. Y también en política: Inversiones Tequendama e Inversiones La Samaria aportaron 30 millones de pesos para el Comité Promotor de la Reelección Presidencial de Uribe, Colombia Primero. Uribito, y ahora su reemplazo, un señor Fernández —que también habla paisa—, se adelantaron a jurar que los beneficiados por el Gobierno no sólo eran gente bien, sino que no se les estaba pagando favor alguno. Con el mismo fundamento, el Gobierno diría que Daabon nada tuvo que ver con el derrame de aceite crudo de palma que contaminó la bahía de Taganga hace unos meses. Negaría también que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira haya multado a Daabon Organic con 125 millones de pesos por violar las normas ambientales. Y podría llegar a negar que la famosa compañía de cosméticos Body Shop es miembro del Código Básico de Comercio Ético y una ferviente defensora de los Derechos Humanos que colabora con Amnistía Internacional. Lo que no podrá negar ya es que Eduardo Dávila y José Domingo Dávila, aunque no sean socios de Daabon —como dice el doctor Barreneche, abogado de Daabon—, están acusados por la Fiscalía de tener nexos con los grupos paramilitares y están en la cárcel
miércoles, 7 de octubre de 2009
martes, 6 de octubre de 2009
AMENAZAS CONTRA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL
INDIGENA DE RISARALDA
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y las organizaciones abajo firmantes en el marco del encuentro regional de organizaciones sociales del Eje Cafetero, denuncia ante las organizaciones sociales, sindicales, populares, estudiantiles, defensoras de Derechos Humanos denunciamos y ante la opinión Pública Nacional e Internacional:
Que el día de hoy 1 de octubre de 2.009, a las 6y24 de la mañana, fueron amenazados los Consejeros del CRIR –Consejo Regional Indígena de Risaralda- MARTIN SIAGAMA, JORGE VELEZ, JORGE ARCE, ALBERTO WAZORNA, SOLANY ZAPATA, GERMAN DIOSDADO GUAPACHA, JESUS NACABERA, por medio de un mensaje de texto que fue enviado al celular de un Consejero del CRIR y al Secretario del Resguardo de Pueblo Rico. En dicho mensaje se les dice: “señores junta directiva de la organización indígena, tienen 5 días de plazo para que renuncien por corruptos y si no corren el riesgo que los asesinen a ustedes y a sus familias, atentamente Bloque Sur”.
HECHOS:
1. El día de ayer, 30 de octubre de 2.009, en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo de Pereira, se realizó una audiencia convocada por las comunidades indígenas de Risaralda, en cabeza del CRIR –Consejo Regional Indígena de Risaralda-, con el fin de socializar los resultados de las Comisiones Humanitarias que se realizaron en el transcurso de este año.
2. En la Audiencia no sólo se pretendía socializar los resultados de las Comisiones Humanitarias, sino que además se buscaba obtener compromisos por parte de las Autoridades Civiles y Militares del Departamento, toda vez que la situación de conflicto armado, el abandono a las comunidades indígenas, la judicialización en contra de muchos pobladores de los Resguardos, las amenazas inusitadas a varios líderes indígenas y el asesinato sistemático en contra de líderes encabezados no solo por sus Autoridades propias, sino además por los Jaibanás (líderes espirituales).
3. En la Audiencia del día de ayer, se encontraban las Autoridades Civiles encabezadas por el Secretario de Gobierno del Departamento de Risaralda GERMAN DARIO SALDARRIAGA, así como de distintas entidades entre las que se encontraban Bienestar Familiar, el SENA, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, Acción Social; igualmente se encontraban las autoridades militares en Cabeza del Comandante del Batallón San Mateo Coronel Lizarazo, así como la Policía Departamental, el DAS, la SIJIN, entre otras.
4. Dentro de la audiencia, el Secretario de Gobierno de Risaralda, en su intervención informó que había solicitado una investigación por el supuesto mal manejo por parte de las comunidades indígenas de Risaralda, de los dineros correspondientes a la ley del Sistema General de Participaciones, afirmando así las declaraciones que en momentos anteriores había dado en medios de comunicación en contra de las Autoridades Indígenas donde abiertamente se atrevió a decir que “los indígenas eran corruptos y mujeriegos”.
ANTECEDENTES:
El Pueblo Embera-Chamí del departamento de Risaralda ha venido sufriendo de manera sistemática amenazas, homicidios selectivos y persecución a sus líderes, situación que es común a los resguardos indígenas de Caldas, lo que llevó al reconocimiento de Medidas Cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los Resguardos de Escopetera-Pirza y Cañamomo y LomaPrieta y San Lorenzo de Riosucio Caldas.
La Corte Constitucional, en auto 004 del 26 de febrero de 2009, ordenó al Estado Colombiano realizar todas las acciones necesarias para proteger a Pueblos Indígenas en vía de extinción por diferentes factores de violencia como, conflicto armado, violencia física y cultural, dentro de las recomendaciones de la Corte están la formulación de un Plan de Salvaguarda inicialmente para 19 Pueblos Indígenas, dentro de los que se encuentra el Pueblo Embera-Chamí.
Recordamos a la opinión pública, que en día 26 de junio de 2.009, se realizó la primera Audiencia Territorial de Garantías para defensores y defensoras de Derechos Humanos, realizada gracias a la exigencia de las organizaciones sociales y de derechos humanos a nivel nacional ante el clima hostil que viven los defensores y defensoras en ejercicio legítimo de su labor. En el desarrollo de dicha audiencia se concertaron con el Estado algunos compromisos en materia de garantías para los defensores y defensoras y posteriormente a la Audiencia fueron amenazados tres defensores de derechos humanos de la región del Eje Cafetero quienes son GUILLERMO CASTAÑO, MAURICIO CUBIDES y Yesid Beltrán (analista del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo).
Tanto la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas como la Relatora Especial para los Defensores de Derechos Humanos, tienen conocimiento de la grave situación por la que atraviesan los Pueblos indígenas de la región, tanto que la Relatora Especial para los Defensores de Derechos Humanos recibió una comisión especial de organizaciones defensoras de derechos humanos, sindicales, Pueblos Indígenas del Eje Cafetero, reunión que se realizó el día 18 de septiembre de 2.009 en la sede de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la ciudad de Bogotá.
La Relatora Especial para los Defensores de Derechos Humanos en su declaración inicial dada el 18 de septiembre de 2.009, manifestó sus preocupaciones en relación con la legítima labor de los defensores de derechos humanos y líderes sociales: “…me preocupa profundamente el fenómeno tan extendido de las amenazas provenientes de autores desconocidos contra defensores de derechos humanos y sus familiares, que con frecuencia se materializan a través del envío de panfletos, sufragios, correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Estas amenazas generan un clima de miedo dentro la comunidad de defensores de derechos humanos…”, así mismo afirma: “Un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemático de que son objeto por parte de funcionarios del Gobierno.”
EXIGIMOS del Gobierno Nacional y Departamental:
La protección inmediata de los líderes indígenas amenazados y sus familias el día de hoy 1 de octubre de 2.009.
INDIGENA DE RISARALDA
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y las organizaciones abajo firmantes en el marco del encuentro regional de organizaciones sociales del Eje Cafetero, denuncia ante las organizaciones sociales, sindicales, populares, estudiantiles, defensoras de Derechos Humanos denunciamos y ante la opinión Pública Nacional e Internacional:
Que el día de hoy 1 de octubre de 2.009, a las 6y24 de la mañana, fueron amenazados los Consejeros del CRIR –Consejo Regional Indígena de Risaralda- MARTIN SIAGAMA, JORGE VELEZ, JORGE ARCE, ALBERTO WAZORNA, SOLANY ZAPATA, GERMAN DIOSDADO GUAPACHA, JESUS NACABERA, por medio de un mensaje de texto que fue enviado al celular de un Consejero del CRIR y al Secretario del Resguardo de Pueblo Rico. En dicho mensaje se les dice: “señores junta directiva de la organización indígena, tienen 5 días de plazo para que renuncien por corruptos y si no corren el riesgo que los asesinen a ustedes y a sus familias, atentamente Bloque Sur”.
HECHOS:
1. El día de ayer, 30 de octubre de 2.009, en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo de Pereira, se realizó una audiencia convocada por las comunidades indígenas de Risaralda, en cabeza del CRIR –Consejo Regional Indígena de Risaralda-, con el fin de socializar los resultados de las Comisiones Humanitarias que se realizaron en el transcurso de este año.
2. En la Audiencia no sólo se pretendía socializar los resultados de las Comisiones Humanitarias, sino que además se buscaba obtener compromisos por parte de las Autoridades Civiles y Militares del Departamento, toda vez que la situación de conflicto armado, el abandono a las comunidades indígenas, la judicialización en contra de muchos pobladores de los Resguardos, las amenazas inusitadas a varios líderes indígenas y el asesinato sistemático en contra de líderes encabezados no solo por sus Autoridades propias, sino además por los Jaibanás (líderes espirituales).
3. En la Audiencia del día de ayer, se encontraban las Autoridades Civiles encabezadas por el Secretario de Gobierno del Departamento de Risaralda GERMAN DARIO SALDARRIAGA, así como de distintas entidades entre las que se encontraban Bienestar Familiar, el SENA, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, Acción Social; igualmente se encontraban las autoridades militares en Cabeza del Comandante del Batallón San Mateo Coronel Lizarazo, así como la Policía Departamental, el DAS, la SIJIN, entre otras.
4. Dentro de la audiencia, el Secretario de Gobierno de Risaralda, en su intervención informó que había solicitado una investigación por el supuesto mal manejo por parte de las comunidades indígenas de Risaralda, de los dineros correspondientes a la ley del Sistema General de Participaciones, afirmando así las declaraciones que en momentos anteriores había dado en medios de comunicación en contra de las Autoridades Indígenas donde abiertamente se atrevió a decir que “los indígenas eran corruptos y mujeriegos”.
ANTECEDENTES:
El Pueblo Embera-Chamí del departamento de Risaralda ha venido sufriendo de manera sistemática amenazas, homicidios selectivos y persecución a sus líderes, situación que es común a los resguardos indígenas de Caldas, lo que llevó al reconocimiento de Medidas Cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los Resguardos de Escopetera-Pirza y Cañamomo y LomaPrieta y San Lorenzo de Riosucio Caldas.
La Corte Constitucional, en auto 004 del 26 de febrero de 2009, ordenó al Estado Colombiano realizar todas las acciones necesarias para proteger a Pueblos Indígenas en vía de extinción por diferentes factores de violencia como, conflicto armado, violencia física y cultural, dentro de las recomendaciones de la Corte están la formulación de un Plan de Salvaguarda inicialmente para 19 Pueblos Indígenas, dentro de los que se encuentra el Pueblo Embera-Chamí.
Recordamos a la opinión pública, que en día 26 de junio de 2.009, se realizó la primera Audiencia Territorial de Garantías para defensores y defensoras de Derechos Humanos, realizada gracias a la exigencia de las organizaciones sociales y de derechos humanos a nivel nacional ante el clima hostil que viven los defensores y defensoras en ejercicio legítimo de su labor. En el desarrollo de dicha audiencia se concertaron con el Estado algunos compromisos en materia de garantías para los defensores y defensoras y posteriormente a la Audiencia fueron amenazados tres defensores de derechos humanos de la región del Eje Cafetero quienes son GUILLERMO CASTAÑO, MAURICIO CUBIDES y Yesid Beltrán (analista del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo).
Tanto la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas como la Relatora Especial para los Defensores de Derechos Humanos, tienen conocimiento de la grave situación por la que atraviesan los Pueblos indígenas de la región, tanto que la Relatora Especial para los Defensores de Derechos Humanos recibió una comisión especial de organizaciones defensoras de derechos humanos, sindicales, Pueblos Indígenas del Eje Cafetero, reunión que se realizó el día 18 de septiembre de 2.009 en la sede de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la ciudad de Bogotá.
La Relatora Especial para los Defensores de Derechos Humanos en su declaración inicial dada el 18 de septiembre de 2.009, manifestó sus preocupaciones en relación con la legítima labor de los defensores de derechos humanos y líderes sociales: “…me preocupa profundamente el fenómeno tan extendido de las amenazas provenientes de autores desconocidos contra defensores de derechos humanos y sus familiares, que con frecuencia se materializan a través del envío de panfletos, sufragios, correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Estas amenazas generan un clima de miedo dentro la comunidad de defensores de derechos humanos…”, así mismo afirma: “Un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemático de que son objeto por parte de funcionarios del Gobierno.”
EXIGIMOS del Gobierno Nacional y Departamental:
La protección inmediata de los líderes indígenas amenazados y sus familias el día de hoy 1 de octubre de 2.009.
viernes, 2 de octubre de 2009
MEMORIA
HISTORIA DE LA GALERIA DE LA MEMORIA
La Galería de la Memoria comenzó a desarrollarse en Colombia desde 1995, a partir de una iniciativa de la Fundación Manuel Cepeda Vargas. En términos generales, podría definirse como una instalación colectiva, pública e itinerante, de objetos del recuerdo, en cuya elaboración participan los familiares, colegas y amigos de personas que han sido víctimas de la violencia política y social en Colombia.
En esta instalación, dedicada a construir la memoria de los crímenes contra la humanidad, se produce un encuentro entre personas que han sido protagonistas de las luchas sociales por reivindicar los derechos humanos, testigos o sobrevivientes de la violencia, y ciudadanos del común. En el marco de las Galerías de la Memoria, cada familia o grupo de personas próximas a las víctimas, es responsable de traer fotografías, documentos e imágenes pertenecientes a los ausentes -asesinados o desaparecidos- con el fin de crear una especie de instalación artística abierta, constituida a partir de “nichos y rincones de memoria”. Por medio de objetos personales cotidianos, legados artísticos e intelectuales (pinturas, esculturas, poesías, escritos, etc.) y en general, de todas aquellas cosas que permiten recrear los momentos más significativos de las vidas de los ausentes, se humanizan las cifras y datos estadísticos de la violencia y se actualiza la presencia de muchas personas que en el pasado han sido objeto de crímenes que permanecen en la impunidad.
Los objetos conmemorativos pretenden mostrar al público presente quiénes eran las personas victimizadas y cuáles eran sus proyectos de vida. A partir de los relatos y testimonios de las víctimas, elaborados desde la intencionalidad de reconstruir la memoria de cada caso particular para inscribirla en el contexto general de la violencia, se reviven los hechos que dan cuenta del contexto del victimización; del camino recorrido por las familias de los afectados para obtener la verdad, la justicia y la reparación, o de las condiciones en las que se ha producido la impunidad en cada caso concreto.
En las primeras Galerías de la Memoria, los familiares de las víctimas tenían un espacio propio y un momento para compartir su testimonio. En estos relatos se presentaban los hechos que dan cuenta del contexto del victimización, del recorrido hecho por los familiares para luchar contra el olvido, o de las condiciones en las que se produjo la impunidad en cada caso concreto. En la medida de lo posible, las familias aportaban información relativa a la responsabilidad de los victimarios o los autores intelectuales de los actos criminales. Dicha información era consignada en una ficha a la cual se adosaba una fotografía de la víctima, a fin de contribuir a alimentar las bases de datos existentes en el proyecto Colombia Nunca Mas y otras organizaciones de derechos humanos.
La idea -impactante por su novedad- logró calar en las diferentes regiones del país, y al cabo de un tiempo, organizaciones y movimientos sociales de distintas tendencias ideológicas comenzaron a hacer Galerías de manera autónoma con motivo de conmemoraciones y manifestaciones públicas de diversa índole. Las Galerías eran -y continúan siendo- exposiciones itinerantes, después de las cuales, los familiares se llevan consigo los materiales que aportaron para el evento.
La Galería de la Memoria no es, por lo tanto, un simple acto de catársis colectiva. Se trata de un dispositivo cultural que apunta por una parte, hacia la construcción de la verdad histórica, y por otra, hacia la afirmación de la dignidad de los sujetos de la resistencia civil, que han optado por la vía de la no violencia para buscar la verdad, la justicia y la reparación integral. De esta manera, en la riqueza de esas biografías recuperadas para la historia, es posible reconocer el legado histórico de las víctimas y los elevados costos que tiene para el conjunto de la sociedad el daño ocasionado por las violaciones a los derechos humanos de amplios sectores de la población.
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