COLOMBIA INVISIBLE

Largometraje documental 

Unai Aranzadi 

Durante algo más de una hora, asistimos a una exposición del conflicto que atenaza a Colombia desde hace medio siglo a través de la historia de quienes más lo sufren: el pueblo. Así, Aranzadi alterna potentes testimonios visuales de las durísimas condiciones de vida en la que viven muchos colombianos con las intervenciones de importantes personalidades críticas con el Gobierno, cuyas actividades ilegales han tratado de exterminar a las fuerzas de oposición y movimientos sociales que abogan por la paz del país.

El metraje responde al perfil de lo que Aranzadi busca en sus trabajos: golpear fuertemente a la conciencia del espectador gracias a las crudas imágenes que muy pocas veces se muestran y el señalamiento inequívoco de cuáles son las causas del conflicto, a quién le beneficia la guerra y cómo afecta a la sociedad colombiana, que todavía hoy sufre la violencia de una manera más selectiva mediante el asesinato de líderes sindicalistas e indígenas. 

Colombia Invisible es un documental abiertamente antiimperialista que no tiene reparos en mostrar las caras visibles de los explotadores del pueblo. Como en la escena de la inauguración del puerto de agua dulce, en la que el presidente Santos satisface la imperiosa necesidad de los empresarios españoles de saber que Colombia es su patio trasero en el que pueden hacer y deshacer a su antojo, mientras que a pocos metros del fastuoso evento niños desplazados mueren por falta de medicamentos. Es la escena más lograda, más poderosa emocional y simbólicamente que graba y monta notablemente Aranzadi, que quizás falla en el apartado sonoro y musical en algunos momentos del film.

Sin embargo, la honradez del documental va más allá, como he mencionado antes, al no esconder las verdaderas causas de la guerra civil que azota a tantos colombianos. Por ello, el problema de la tierra –eterna razón de los movimientos sociales del continente– adquiere una importancia merecida al situarse como telón de fondo, sin el cual no se puede afrontar una verdadera resolución al conflicto de un país donde el 1% de la población posee el 80% de la tierra. Aranzadi coloca en su justo lugar a las transnacionales de la fruta que llevan un siglo desangrando a Latinoamerica. Lo que nos lleva al problema de la violencia. 

"Si ves el mapa de las transnacionales y el del paramilitarismo en Colombia, son practicamente idénticos", dice uno de los entrevistados por Aranzadi en el documental. El paramilitarismo se dedica a defender los intereses de las poderosas multinacionales extranjeras desde hace décadas, permitiendo que el Ejército no se manche las manos más de lo necesario en su lucha contra todo lo que se opone al Gobierno. Especialmente desgarradora resulta la historia de la Unión Patriótica, partido de izquierdas que defendía la lucha pacífica y que fue aniquilado militarmente a finales de los 80, una historia aparte.

Los testimonios que aparecen en la obra han sido amenazados o han sufrido coacciones, según avisa el inicio del documental. Esa sigue siendo la gran aportación de Aranzadi. Ofrecer las voces de quienes más intensamente sufren un conflicto ignorado por la opinión mundial y que merecen ser escuchadas.

HUBER BALLESTEROS, 30 AÑOS EN LA LUCHA POR LA DEFENSA DEL CAMPESINADO

“Es importantísimo en estos momentos hacer de la consigna “el ataque a uno es un ataque a todos” una realidad. Es imprescindible exigir la liberación del compañero Ballesteros y de todos los presos judicializados con pruebas espurias, sean los desacreditados computadores o la ilegítima Ley de Seguridad Ciudadana, ideada para reprimir y criminalizar la protesta social”. 

El pasado domingo 25 de Agosto, en el marco del Paro Nacional Agrario y Popular, fue detenido de forma arbitraria el dirigente agrario y sindical Huber de Jesús Ballesteros Gómez, vicepresidente del comité ejecutivo de FENSUAGRO, del ejecutivo nacional de la CUT y miembro de la Junta Patriótica Nacional de Marcha Patriótica; además uno de los 10 voceros nacionales de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo -MIA-, como represalia del régimen por la contundencia de las jornadas de protesta y de paros indefinidos, que se extendieron en todo el país desde el 19 de agosto.

La prueba reina con la que detienen a Huber Ballesteros y lo acusan de auxiliador del terrorismo es la declaración de “Olivo Saldaña’, desertor de las FARC EP, sujeto descompuesto y controvertido al que la propia Fiscalía ha querido expulsar de Justicia y Paz por la falsa desmovilización de un frente guerrillero. El fiscal que adelanta el caso contra nuestro compañero no desaprovechó la oportunidad para recurrir nuevamente a los computadores mágicos de los abatidos comandantes guerrilleros de las FARC EP, pruebas que ya han sido desestimadas en similares procesos por la Corte Suprema de Justicia, evidenciando la practica sistemática de los montajes y la persecución política y judicial contra el movimiento social y popular.

Esta captura sumada a los disparos de fusil, los atropellos del ESMAD, los empadronamientos, las numerosas detenciones arbitrarias e ilegales en nombre de la ley de seguridad ciudadana, demuestran que en Colombia no existen reales garantías de participación política para quienes tienen no solamente justos reclamos sino proyectos de país y de sociedad distintos a los de las elites que históricamente nos han gobernado. 

Desde el Movimiento Social y Político Marcha Patriótica Risaralda y el Comité de Solidaridad y Defensa con l@s Prisioner@s Polític@s de Risaralda "Juan David Pineda", hacemos el llamado a que las organizaciones sociales, sindicales, políticas y la ciudadanía en general se solidaricen con el compañero Huber Ballesteros, exigiéndole al estado Colombiano respeto el derecho legítimo y legal a la protesta social, asi mismo exigirle a los jueces de la republica la libertad inmediata de Huber Ballesteros y demás campesinos, indígenas y dirigentes populares, detenidos arbitrariamente durante el Paro; no sólo porque no representan ningún peligro para la sociedad-tesis de la fiscalía para justificar las ordenes de captura- sino porque estos Colombianos y Colombianas son víctimas de siniestros montajes judiciales, planeados desde el ministerio de la defensa, para desacreditar a la dirigencia del movimiento campesino Colombiano.

Las banderas del campesinado y de los sectores populares en lucha por una patria justa, democrática y en paz también son nuestras. 

¡Exigimos la libertad inmediata para Huber Ballesteros!

¡No a la criminalización de la protesta social!

¡Viva el Paro Nacional Agrario y Popular!

¡Viva la MIA Nacional!

PARA LLORAR

Por cada granada de humo blanco pagamos 43.880 pesos. Cada cartucho de gas nos vale 27.183 pesos.

Por Daniel Coronel

Se ha vuelto un lugar común decir que todos pierden con los paros. La frase es tan repetida como falsa. Hay unos que ganan –y ganan mucho- cada vez que hay una protesta. La industria de las llamadas “armas no letales” recibe multimillonarias utilidades por cuenta de la represión de las manifestaciones en Colombia y en el mundo. Los dueños de esa industria tienen a la vez intereses en negocios como la venta de productos lácteos o la calificación de riesgos en países como el nuestro.

El gas lacrimógeno es uno de los mejores negocios de esta época. A pesar de que la Organización de Naciones Unidas clasifica el gas lacrimógeno como un arma química, los poderosos intereses detrás de esta industria han logrado que su producto estrella se comercialice a nivel mundial como “arma no letal”

La mayor productora de gas lacrimógeno es una empresa llamada Combined Systems Inc. La compañía funciona en Jamestown, un pacífico pueblito con menos de 700 habitantes en Pensilvania, Estados Unidos.

De acuerdo con su página oficial su negocio es la “fabricación y suministro de municiones tácticas y dispositivos de control de masas a las fuerzas armadas, la policía, las autoridades carcelarias y las agencias de seguridad nacional en el mundo entero”  (https://www.combinedsystems.com/)

La compañía es una máquina de hacer dinero. Cuanto peor le vaya al mundo, mejor le va a ellos. Un reciente estudio adelantado por la profesora Anna Feigenbaum de la Universidad de Bornemouth en Gran Bretaña, prueba que durante los períodos de crisis económica se disparan los gastos antimotines. 

El periodista Marcelo Justo hizo un completo reporte para BBC Mundo que muestra, entre otras revelaciones, el ejemplo de España. Mientras el gobierno de Rajoy recortó el presupuesto de 2013 en casi todas las áreas, empezando por salud y educación, hubo un aumento de 17 veces (!) en el renglón de ‘antidisturbios’. Los fondos pasaron de 173.000 euros a más de tres millones. (http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/06/130618_gas_lacrimogeno_am.shtml)

Colombia es un gran comprador de Combined Systems. De acuerdo con una publicación de Source Watch los principales clientes de la compañía fabricante de gas lacrimógeno son en su orden: Estados Unidos, Israel, Egipto, Colombia y Yemen. (http://www.sourcewatch.org/index.php/Combined_Systems_Inc)

En el año 2007, se registraron 800 protestas en Colombia. El 26 de diciembre de ese año -en medio de las celebraciones de navidad y año nuevo- el gobierno de entonces firmó a través de la Policía Nacional un contrato con los representantes locales de Combined Systems por US $2.262.936 (Ver Figura 1)

El objeto del contrato es la compra de granadas de gas, armas lanzagases y otras municiones antimotines. Quien firmó el contrato como directora administrativa y financiera de la Policía fue la entonces coronel Luz Marina Bustos Castañeda, hoy subdirectora general de la institución. La coronel Bustos ahora es general y con su firma ese contrato ha sido extendido y adicionado, hasta nuestros días, en cantidades multimillonarias. 

Una de esas adiciones deja ver cuánto le cuesta cada disparo antimotines a los contribuyentes colombianos. Por cada granada de humo blanco pagamos $43.880. Cada cartucho de gas nos vale $27.183. (Ver Figura 2)

Otro contrato, esta vez del Fondo Rotatorio de la Policía, indica que Colombia le compró a Combined Systems fusiles lanzagases por $242.604.960. (Ver Figura 3)

Los principales accionistas de Combined Systems son Point Lookout Capital Partners y The Carlyle Group. El grupo Carlyle es un conglomerado empresarial con múltiples intereses que van desde la banca internacional hasta la tecnología agropecuaria con Syangro Technologies, pasando por la producción de leche en la India con Tirumala Milk. Carlyle es dueño también de la calificadora de riesgos Duff and Phelps que evalúa la seguridad de las inversiones en países como Colombia.

Nuestro país es magnánimo con los conglomerados que explotan nuestros recursos y nos venden lo que no necesitamos en desarrollo de las ‘bondades’ del TLC. Al mismo tiempo es avaro con los campesinos que producen alimentos, severo con quienes se atreven a protestar y generoso con los vendedores de instrumentos para la represión.

Al final ellos se quedan con la plata y nosotros con las lágrimas.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN !!! 

En el siguiente Link podremos encontrar imagenes de la movilización del 29 de Agosto que se realizo en la ciudad de Bogota 

http://www.flickr.com/photos/aycarmelamaria/9627144646/in/set-72157635296063216/

LOS BARRISTAS DEL DEPORTIVO PEREIRA, TAMBIÉN APOYAN EL PARO AGRARIO

 

 

Pliego de peticiones que motiva el Paro Nacional Agrario
2013-08-21 02:34:50

Seis puntos básicos contempla el pliego de peticiones del paro nacional agrario

El pliego de peticiones fue elaborado por la llamada “Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo”, MIA, en el cual se argumenta, entre otras cosas, que “ante el tamaño de la crisis social, el gobierno nacional no ha tomado cartas en el asunto que enfrenten de manera estructural los problemas” y que “por el contrario, ha aplicado una paupérrima política social que se ha enfocado a solucionar con paños de agua tibia la aguda desigualdad e injusticia social”.

Además, advierte sobre una “deuda social” del Estado que, dice, “se refleja en el despojo, la no adjudicación y dotación de tierras, en el desconocimiento territorial, en la carente política para fortalecer la producción agropecuaria, en la política minera a favor de multinacionales y en contra de comunidades, y mineros pequeños y artesanales, y la ausencia estatal en cuanto programas de inversión social en educación, salud, vivienda, infraestructura vial y servicios públicos se refiere”.

Para ilustración de los colombianos, publicamos a continuación la sustentación y los puntos del pliego de peticiones, que motiva el paro del próximo lunes, según sus promotores:

“La Constitución Política de Colombia afirma que, ante la ley, todos somos iguales. Sin distinción alguna, todos los colombianos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones; Sin embargo, a pesar de estar en la Constitución, este enunciado no se cumple en la realidad. Campesinos, Indígenas, Afrocolombianos y pobladores urbanos hemos vivido en la injusticia y la desigualdad; la marginación económica y política ha sido constante: se nos criminaliza y persigue.

Somos colombianos que hemos buscado por distintos mecanismos acceder a políticas públicas que favorezcan nuestra situación social, para que se salde la deuda histórica que el Estado colombiano tiene con el mundo rural. No hemos pedido imposibles, solo pedimos que se nos garanticen los derechos humanos. Con nuestra lucha y organización hemos logrado establecer reivindicaciones en leyes y decretos, que a la luz de la realidad son letra muerta, en algunos casos so pretexto del déficit presupuestal a pesar que cada año los gremios económicos hablan de abundantes ganancias que no se reflejan en nuestros ingresos ni en el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Adicional a ello se ha aplicado todo un paquete legislativo y normativa en materia de producción agropecuaria, minera, energética, vivienda y de servicios públicos que favoreciendo intereses del capital va en contra de los intereses del pueblo.

Según cifras del mismo DANE el INB es más alto en lo rural que lo urbano, pese a ello no ha existido una política por parte del Estado que resuelva esta situación; por el contrario, el abandono estatal y la violencia contra los pobladores del campo son cada vez mayores, como lo señala el informe del PNUD (Colombia Rural, razones para el esperanza del 2011) la tercera parte de la población rural vive en pobreza extrema (Pág. 63). Este mismo informe plantea, según el IR, que el 75,5% de los municipios colombianos son rurales, en ellos vive el 31,6% de la población; un porcentaje mucho mayor que el reconocido por el DANE. Este porcentaje del mundo rural representa el 94,4% del territorio que ha estado históricamente excluida del ejercicio del poder y de la toma decisiones. No existe un estudio que pueda ubicar en términos presupuestales a cuanto haciende la deuda social que hoy se tiene con el campo, sin embargo, en nuestra realidad, la deuda social se refleja en el despojo, la no adjudicación y dotación de tierras, en el desconocimiento territorial, en la carente política para fortalecer la producción agropecuaria, en la política minera a favor de multinacionales y en contra de comunidades, y mineros pequeños y artesanales, y la ausencia estatal en cuanto programas de inversión social en educación, salud, vivienda, infraestructura vial y servicios públicos se refiere.

Ante el tamaño de la crisis social, el gobierno nacional no ha tomado cartas en el asunto que enfrenten estructuralmente los problemas. Por el contrario, ha aplicado una paupérrima política social que se ha enfocado a solucionar con paños de agua tibia la aguda desigualdad e injusticia social: El artículo 65 de la Constitución Política de Colombia de 1991 define “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado”. Sin embargo, la política agraria no ha resuelto la situación de inseguridad alimentaria, desnutrición y hambre de los pobladores del sector urbano y rural: el 58,3% de los hogares rurales se encuentran en algún grado de inseguridad alimentaria el 20% de los niños menores de cinco años en situación de desnutrición crónica y el 1,3% en situación de desnutrición aguda. Según la Defensoría del pueblo el 40,8% de la población total en el país se encuentra en condiciones de inseguridad alimentaria y el Informe Nacional de Desarrollo Humano muestra que el Coeficiente de Autosuficiencia Alimentaria pasó de 1,04% a 0,95%entre 1991 y 2008.

Ante las injusticias vividas, hemos enviado cartas, sostenido reuniones, audiencias, hemos hecho uso del derecho legítimo a la protesta llegando a acuerdos con distintos gobiernos municipales, departamentales, e incluso con el gobierno nacional, para dar solución a los problemas que se generan y viven en la ruralidad, y que afectan al conjunto de la sociedad colombiana. Cada uno de estos acuerdos se ha sido incumplido de manera sistemática por el Estado y sus diferentes instituciones.

Ante tal situación, se requiere la construcción de una política pública agraria estructurada y coherente con las necesidades del pueblo colombiano, de la que debe hacer parte el Estado, con la participación directa y decisiva del movimiento agropecuario y popular; una política pública que dignifique la calidad de vida de la población campesina, urbana, afro e indígena, que fortalezca y potencie la economía campesina y ancestral como un renglón estratégico de la economía nacional.

La inversión social en seguridad social, educación, salud, infraestructura es fundamental para garantizar los derechos humanos que tenemos las comunidades rurales. Debe ser capaz de atender las demandas sociales, y que requiere la participación del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías y en especial de las carteras de Defensa, Salud, Educación, Hacienda, Vivienda, Agricultura, y de instituciones estatales como el INCODER, el Instituto Nacional de vías, Transporte, Fondo Nacional de Vivienda, Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ICBF y Fondo de Adaptación, en una acción coordinada para enfrentar de manera integral los problemas que aquejan el campo y lo popular.

Nos asiste las razones justas para protestar y exigir al gobierno que cumpla con su compromiso, ante ello tenemos 6 exigencias centrales, cada uno de estos puntos tiene subpuntos que las sustentan.

1. Exigimos la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria.
2. Exigimos acceso a la propiedad de la tierra.
3. Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina.
4. Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera.
5. Exigimos se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural.
6. Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda,servicios públicos y vías.
7. Las organizaciones y comunidades del sector agropecuario y popular presentamos ante el Presidente Juan Manuel Santos como jefe de Estado nuestras demandas sociales, económicas y políticas, buscando que mediante el dialogo encontremos la mejor manera de resolver el conflicto económico, político y social que vivimos. De parte nuestra ya están los voceros nacionales para iniciar el dialogo y conformar la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agropecuaria y Popular, escenario que proponemos como la instancia para abordar el pliego de peticiones y llegar a acuerdos.
   
   Anunciamos al país que nos sumamos a la realización al Paro Nacional Agrario para el 19 de Agosto, teniendo en cuenta los antecedentes de incumplimiento y abandono por parte del Estado. Ponemos a consideración este pliego general a sectores sociales y populares, para que en unidad, organización y movilización, en una voz potente le exijamos al gobierno que cumpla con lo que nos pertenece.
   
   
   1. EXIGIMOS IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES FRENTE A LA CRISIS DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.
   
   1.1. Exigimos que el Estado fije precios de sustentación para la producción campesina, de manera independiente al comportamiento de los precios internacionales, los cuales garanticen una remuneración efectiva a los productores, así como precios accesibles para los consumidores. Para tal fin, se deberá implementar un fondo nacional de compensación que cubra las diferencias existentes entre los costos de producción y el precio de venta de los productos, acompañado de la garantía de compra de cosechas por parte del Estado para pequeños y medianos productores agropecuarios.
   1.2. Reducción de los precios de los combustibles y peajes, concertando nuevas tarifas con transportadores y productores agropecuarios.
   1.3. Reducción de los precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos agropecuarios.
   1.4. Exigimos la modificación de la política antidroga y solicitamos acordar una política de sustitución gradual y concertada de cultivos de coca, marihuana y amapola, así como el fin de las fumigaciones y de la erradicación manual.
   1.5. Derogatoria de la normatividad que afecta la producción, transformación y comercialización agropecuaria de pequeños y medianos productores, incluyendo lo relativo al manejo de semillas ancestrales y tradicionales y los encadenamientos productivos para el sector. Concertación de legislación para la promoción de la producción agropecuaria de pequeña y mediana escala y garantías efectivas para el acceso a los mercados.
   1.6. Frenar las importaciones de alimentos y productos agropecuarios, particularmente de café, cacao, arroz, papa, leche y productos lácteos. Suspensión y revisión de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, China y demás países.
   1.7. Condonación total de las deudas adquiridas por pequeños y medianos productores agropecuarios con el sistema financiero. Definición de una política de créditos blandos para pequeños y medianos productores a través de la banca pública.
   
   1.8. Adopción de seguros de cosechas frente a problemas derivados de condiciones climáticas y/o fitosanitarias, para la pequeña y mediana producción agropecuaria que sean otorgados directamente por el Estado, sin intermediación del sector privado del sistema financiero.
   
   
   
   2. EXIGIMOS ACCESO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA.
   
   2.1 Exigimos la adjudicación y dotación de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos, que carecen de ella, la poseen de manera insuficiente o están en posesión de baldíos que no han sido adjudicados, para lo cual debe ordenarse al INCODER: La compra directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad, y La titulación inmediata de las tierras baldías que ocupan los campesinos, que cumplen los requisitos para ser adjudicatarios.
   2.2 La compra directa de tierras por el INCODER para ser tituladas de manera colectiva a las comunidades afrodescendientes e indígenas.
   2.3 Detener la política de extranjerización de tierras; esclarecer las operaciones o transacciones que han permitido su extranjerización; revertir estas operaciones y que las tierras revertidas formen parte del fondo para la adjudicación y dotación de quienes no la tienen.
   2.4 Iniciar, adelantar y culminar en el término máximo de un (1) año, los procedimientos de extinción administrativa de dominio de las tierras poseídas por campesinos, para luego adjudicarlas a éstos.
   2.5 Detener la reformulación del tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), y en todo caso no disminuir la extensión que actualmente está definida.
   
   
   3. EXIGIMOS RECONOCIMIENTO A LA TERRITORIALIDAD CAMPESINA.
   3.1 La delimitación y constitución inmediata de las Zonas de Reserva Campesina en los territorios en los que ya se cumplieron todos los trámites para su constitución.
   
   3.2 Iniciar y culminar los trámites de delimitación y constitución de las Zonas de Reserva Campesina en los territorios que las comunidades soliciten, en un término no mayor a un (1) año a partir de la solicitud.
   3.3 La financiación y ejecución de los planes de desarrollo sostenible en las Zonas de Reserva Campesina constituidas y las que se constituyan.
   
   4. EXIGIMOS LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS COMUNIDADES Y LOS MINEROS TRADICIONALES Y PEQUEÑOS EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA MINERA.
   4.1 Detener la concesión de títulos mineros y revertir las concesiones efectuadas, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales la política minera del país, en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.
   4.2 Reconocimiento y formalización de la minería artesanal, pequeña y mediana.
   
   
   4.3 Definición concertada con los mineros artesanales pequeños y medianos y las comunidades de un nuevo Código de Minas. Redefinir los tiempos máximos para la explotación minera, los mecanismos de mitigación de los efectos de esta actividad, los métodos para su realización y la participación nacional y local de los réditos económicos.
   4.4 Construcción de una nueva ley de regalías que redefina la participación nacional y local de los beneficios económicos de la actividad minera.
   4.5 Realización de estudios de viabilidad para cada uno de los proyectos mineros en ejecución y en proyección, como base para la toma de definiciones frente a la realización o continuidad de dichos proyectos. Estos estudios deben tener por base los efectos ambientales y sociales que la ejecución de cada proyecto acarrearía, así como el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.
   
   
   4.6 Sujeción del desarrollo de actividades mineras a los Planes de Desarrollo Sostenibles de las ZRC, así como a Planes de Ordenamiento Territorial construidos participativamente y con atención a estudios sobre vocación del suelo.
   
   4.7 Apertura de una discusión nacional sobre la propiedad del subsuelo.
   
   
   5. EXIGIMOS SE ADOPTEN MEDIDAS Y SE CUMPLAN GARANTÍAS REALES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA POBLACIÓN RURAL.
   5.1 Adopción por parte del Estado colombiano, de la convención de los derechos de los campesinos y las campesinas, aprobada en la reunión de la comisión de los Derechos Humanos de las ONU.
   5.2 Participación efectiva y con carácter decisorio en los consejos y juntas directivas de las entidades delEstado que tienen que ver con la atención a la población rural.
   5.3 Otorgar el derecho a la consulta previa, a las comunidades campesinas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno, en lo social, en lo político, en lo ambiental, en lo económico y en lo cultural.
   5.4 Participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en las instancias de planeación del desarrollo rural.
   
   6. EXIGIMOS INVERSIÓN SOCIAL EN LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA EN EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA, SERVICIOS PÚBLICOS Y VÍAS.
   
   6.1 Exigimos un plan progresivo para el acceso, cobertura integral de población rural al sistema de educación básica y media, superior y técnica.
   6.2 Exigimos el nombramiento de planta docente.
   6.3 Exigimos la derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva Ley Estatutaria, así como la concertación con la sociedad de una nueva legislación en salud que garantice el derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales para el campo.
   
   6.4 Exigimos partidas presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación para educación, salud, producción, vías, red eléctrica, saneamiento básico, agua y alcantarillado.
   6.5 Exigimos se detenga la privatización y se reviertan el manejo a los municipios de los servicios de saneamiento básico, agua y alcantarillado con un criterio social.
   
   6.6 Exigimos la condonación de las deudas de los usuarios de servicios públicos y se levanten los embargos que se han efectuado por este motivo.
   6.7 Devolución de las microcentrales hidroeléctricas a las comunidades.
   
   6.8 Exigimos una nueva tabla de tarifas justas de servicios públicos, que correspondan a los costos y no a la especulación.
   6.9 Exigimos que los acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social y no empresarial.
   6.10 Exigimos la destinación de recursos para el mejoramiento y construcción de vivienda urbana y rural.
   Mientras se resuelva, el gobierno otorgará el derecho de arrendamiento mensual a la población de los asentamientos sin vivienda y quienes están en arrendamiento.
   MESA NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO
   
   Entre las organizaciones sindicales, sociales y políticas que anuncian su participación en el paro nacional agrario figuran las siguientes:
   Centrales obreras CUT, C.T.C., C.G.T, Anthoc, PCC/MP, Movip-Fundescol, Viviendistas, Integros, Reclame, Fecode, Comosopol, Marcha Patriótica Asolaborales, ADE, Cut Bogotá y Cundinamarca, Polo Democrático Alternativo, Mujeres por la PAZ, CNA, intraHosker, Coalición Democrática de Partidos y Movimientos Políticos, Movice, Coordinadora Agraria Nacional, Organización Nacional de Desplazados, Movimiento Nacional por Constituyente popular MCP, ILSA, Congreso de los Pueblos, OCE, Comosoc, ANSA, ASPU Nacional, Juventud Democrática Popular, Movimiento Comunal, Mesa Ampliada Nacional Estudiantil –MANE-, que aglutina a los estudiantes de las universidades públicas y Sindicato Estudiantil SIES.

www.reddhfic.org

URGENTE

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

LA RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO “Francisco Isaías Cifuentes”

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA.

INFORME ESPECIAL

En honor a la verdad, ante la manipulación mediática y las afirmaciones tendenciosas, falsas y malintencionadas del Coronel JULIO PINZÓN ARÉVALO comandante de la Vigésimo Novena Brigada del Ejército Nacional y del Teniente Coronel RICARDO AUGUSTO ALARCÓN CAMPOS comandante del Departamento de Policía Cauca.

Una aproximación sobre la realidad de los hechos que dejaron un saldo de 20 campesinos heridos de los cuales ocho (8) revisten gravedad como resultado de ataques indiscriminados, en los que se usaron artefactos no convencionales (minas - armas trampa, papas bomba con metralla y proyectiles recalzados), armas convencionales (gases lacrimógenos - lanzados por vía aérea y terrestre - ráfagas de proyectiles de arma de fuego, granadas aturdidoras y perdigones), en operaciones militares adelantados por parte de las fuerzas combinadas del Ejército y la Policía Nacional.

Señalamientos y ataques a misión médica y a misión humanitaria, en contra de la concentración de humildes campesinos que participan de la JORNADA NACIONAL DE PROTESTA Y PAROS INDEFINIDOS concentrados en la vereda La Venta del Municipio de Cajibío en el Departamento del Cauca.

Como ampliación de la Denuncia Pública del 25 de Agosto de 2013, y DE ACUERDO A DENUNCIAS RECIBIDAS RECIENTEMENTE:

HECHOS

Al sur occidente de Colombia, Departamento del Cauca,

Domingo 25 de Agosto de 2013.

Municipio de Cajibío, Vereda La Venta, lugar donde permanecen concentrados más de 2000 campesinos que participan de la JORNADA NACIONAL DE PROTESTA Y PAROS INDEFINIDOS.

Cerca de la 1:40 de la tarde, una comisión de campesinos, indígenas y afrodescendientes se concentró sobre la vía panamericana que comunica los Municipios de Popayán y Santiago de Cali.

Cerca de la 1:50 de la tarde, cuando un grupo de campesinos transitaba en medio de un cafetal a una distancia de aproximadamente 20 metros de la vía panamericana sobre el kilómetro 14, justo sobre el lugar en donde se había situado un campamento de un grupo de militares de la Brigada XXIX del Ejército y de agentes del Comando de Policía Cauca. El niño de 13 años edad KEVIN DANIEL CANAS QUITUMBO, les dice inocentemente a sus acompañantes "Vengan, vengan que por acá hay plata tirada", y varios de sus acompañantes observan billetes diversas denominaciones $50.000 (en su mayoría), $2.000 y $1.000 sobre las hojas.

Algunos campesinos se dirigen al lugar donde estaban los billetes tirados en el suelo, uno de ellos observa cuando alguien se agacha para intentar recoger varios de los billetes, enseguida el follaje de hojas se mueve e instantáneamente se escucha una fuerte explosión.

Restos de billetes parcialmente incinerados encontrados en el lugar de la explosión.

Los campesinos fueron arrojados por la onda explosiva varios metros a la redonda, simultáneamente integrantes de la Policía Militar, Agentes de la Policía y integrantes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios, desplegaron un intenso ataque indiscriminado en el que utilizaron gases lacrimógenos, granadas aturdidoras, perdigones, balas de goma, bolas de cristal, proyectiles de armas de fuego, proyectiles recalzados, papas bomba y chorros de agua a presión sobre la humanidad de los concentrados.

Una comisión humanitaria logró habilitar un espacio humanitario sobre la vía hacia la vereda La Capilla frente a la hacienda los naranjos. Dicha comisión constantemente fue hostigada por agentes del ESMAD. Un helicóptero sobrevoló la zona lanzando indiscriminadamente gases lacrimógenos y perdigones de goma.

Como resultado de esta acción demencial de las fuerzas militares y de policía resultaron heridos los campesinos, indígenas y afro descendientes:

KEVIN DANIEL CANAS QUITUMBO niño de 13 años de edad, JULIO CESAR SECUE ESCUE, YEISON FERNANDEZ MENDEZ, HOBERNEY MESTIZO, ADAN LATIN, EDINSON CARABALI GUAZÁ, YEINER POSSU ARARAT, AURELIANO MESTIZO, LUIS ALFREDO YALANDA PECHENE, PIER JORDAN NOSCUÉ, NELSON RAMOS, LUIS HERNEY VELASCO, FRANCISCO JAVIER HOYOS y DIEGO IVAN.


Pese a las dificultades para el ingreso de la misión médica debido a la intensa represión de que fueron objeto los campesinos por la acción de las fuerzas combinadas de agentes de policía y militares, finalmente el grupo de campesinos fueron remitidos a centros hospitalarios de la ciudad de Popayán:

Respecto a su condición médica se tiene que en el Hospital Universitario San José fueron atendidos:

1. KEVIN DANIEL CANAS QUITUMBO, joven de 13 años procedente de Toribio que sufre heridas múltiples por explosivos, lesión Grave en miembro inferior izquierdo del 70 %, choqueado se traslada a cirugía. Actualmente en unidad de cuidado intermedio pediátrico. 

2. JULIO CESAR SECUE ESCUE, hematomas en el cuerpo, posible trauma cerrado de Tórax y laceraciones en miembros inferiores y dorsal. Paciente afectado por onda explosiva refiere sale expedido. Intenso dolor en tórax predominio izquierdo y posterior. Dificultad respiratoria.

3. YEISON FERNANDEZ MENDEZ, Fractura expuesta de tibia y peroné izquierda quemaduras del 45% de superficie corporal y heridas múltiples en Tórax

Igualmente en la Clínica La Estancia del Municipio de Popayán, fueron atendidos.

1. OBERNEY MESTIZO C.C No. 4.404.252. Politraumatismo, heridas por esquirlas en región lumbar 

2. ADAN LATIN, C.C No. 10.489.154. Heridas por esquirlas en cara, extremidades abdomen 

3. EDINSON CARABALI GUAZA C.C. No. 6.337.650. Fractura expuesta en húmero derecho, heridas por esquirlas en todo el cuerpo, quemaduras en todo el cuerpo.
4. YEINER POSSU ARARAT, Herido por esquirlas en todo el cuerpo. 

5. AURELIANO MESTIZO, ingresa al servicio de urgencias por múltiples Traumas en cráneo, en miembros superiores e inferiores, trauma ocular, pasa a cirugía donde se le realiza Craneotomía, amputación en miembros inferiores y superiores (dedos, falanges) y demás manejo de quemaduras pasa a UCI y su estado es muy delicado.

De igual manera resultaron afectados LUIS ALFREDO YALANDA PECHENÉ (herida brazo izquierdo muñeca izquierda y clavícula), PIER JORDAN NOSCUE, NELSON RAMOS, LUIS HERNEY VELAZCO, FRANCISCO JAVIER HOYOS (herido por esquirlas en brazos) y DIEGO IVAN.

A la fecha y hora se desconoce el estado actual de los heridos. De seis de los heridos se desconoce su paradero debido a que los empleados de los centros hospitalarios manifiestan que no es posible entregar información a organizaciones sociales ni a Defensores de Derechos Humanos y que esa información se la están suministrando a la policía. Cerca de las 5:30 de la tarde logra ingresar al lugar de la concentración de campesinos una delegación humanitaria encabezada por el Defensor Regional del Pueblo, quienes pese a haberse hecho presentes en la zona desde tempranas horas no había podido acceder al lugar de concentración de los campesinos. Municipio de Popayán, Barrio Bolívar, Hospital Universitario San José, a eso de las 3:00 de la tarde cuando los campesinos gravemente heridos estaban siendo trasladados al centro de atención, tan pronto el ciudadano HÉCTOR MARINO CARABALÍ en compañía del Señor MAURICIO GUAZÁ descienden de una de las ambulancias, son abordados por dos agentes adscritos al Departamento de Policía Cauca, que no portaban su uniforme (pero si carnet que los acreditaba como policiales), quienes les preguntan ¿Ustedes vienen desde allá? luego tratan de sujetarlos, pero HECTOR MARINO forcejeó y retrocedió unos metros. Posterior a ello uno de los agentes les dijo "Ahora si corren hijueputas, ahora sí", luego sacó una cámara y empezó a tomarles fotografías. Ante estos hechos JHONATAN ENRIQUE CENTENO quien se percata de las intenciones del agente, se pone en medio de los dos para solicitarle respeto por la labor humanitaria de emergencia que se estaba llevando a cabo, razón por la cual el individuo arremete contra JHONATAN queriendo retenerlo. Finalmente el grupo de civiles indefensos, logra salir del lugar.

Al salir del centro hospitalario tanto JHONATAN al igual que varias personas más que integraban la comisión de asistencia humanitaria son hostigados por dos patrullas de la Policía Nacional quienes los siguen durante un trayecto que se extendió por varias cuadras.

Durante el resto del día y a través de diversos medios de comunicación se difunde información respecto de los hechos:

Bajo el titular, “Paro Agrario: enfrentamientos dejan diez heridos y buses quemados en Cauca”, el diario el País sostuvo:

"Según versiones entregadas por el coronel Julio Pinzón, comandante de la Brigada 29 del Ejército. La situación es muy delicada. Con esto, queda demostrado que no son campesinos los que salen a protestar sino que hay infiltraciones. Hay gente manejando explosivos que no los hacen los campesinos, y quieren salir en nombre del paro agrario a instigar", manifestó Pinzón.

Según denunció el coronel Julio Pinzón, comandante de la Brigada 29 del Ejército, los frentes Octavo y Sesenta de las Farc tendrían retenidos a un grupo indeterminado de campesinos, para obligarlos a participar de las revueltas.

"Tenemos información que las Farc están presionando a los campesinos a que salgan a protestar. Sabemos que hay campesinos a los que los han llevado obligados a concentrarlos en fincas de la guerrilla, como en la que ocurrió la explosión de hoy, para luego sacarlos a la Panamericana a bloquear", reveló el uniformado.

ENLACE: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/reportan-heridos-y-vehiculos-incinerados-panamericana-cauca

Lunes 26 de Agosto de 2013.

Bajo el titular, “25 policías heridos por protestas en Cauca”, Periódico Virtual sostuvo:

"El comandante del departamento de Policía Cauca Coronel Ricardo Augusto Alarcón entregó un parte de normalidad a esta hora por la carretera panamericana a lo largo del departamento del Cauca, luego de los hechos violentos que se presentaron ayer en la tarde sobre el sector de la Venta de Cajibío.

El uniformado confirmó que en hechos extraños resultaron heridas 8 personas entre ellas un menor de edad y pidió a los padres de los pequeños denunciar a quienes están utilizando niños para participar en actividades terroristas.

Confirmó que en los hechos uno de sus uniformados resultó herido como consecuencia de la activación de un explosivo artesanal que fue lanzado por encapuchados cuando las autoridades buscaban recuperar el control de la vía".

ENLACE: http://periodicovirtual.com/cauca/1099-25-policias-heridos-por-protestas-agrarias-en-el-cauca

Bajo el titular, “Explosión en vía panamericana dejo quince heridos”, RCN radio sostuvo: 

"Quince personas heridas, entre las que se encuentra un menor de edad, dejó la explosión de un artefacto de regular poder cuando era manipulado por personas que participaban en el bloqueo de la vía Panamericana, en el sitio conocido como La Venta, zona rural del municipio de Cajibío, Cauca. El comandante de la Policía de dicho departamento, coronel Ricardo Alarcón, manifestó que los hechos se presentaron cuando campesinos que bloqueaban la vía, interceptaron dos busetas de servicio intermunicipal y cuando les prendían fuego, se registró una violenta explosión que dejó heridas a las quince personas. Entre los lesionados se encuentra un niño de 13 años que perdió uno de sus pies y un hombre de 22 años aproximadamente, que sufrió la amputación de la pierna izquierda, explicó el coronel Alarcón.

ENLACE: http://m.rcnradio.com/noticias/15-heridos-por-explosion-en-panamericana-85513

FRENTE A LA ACTUAL SITUACIÓNDE SOSOBRA Y TEMOR FUNDADO SOBRE LOS MANIFESTANTES EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO.

RESPONSABILIZAMOS

Al Estado Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, a la Gobernación del Departamento del Cauca en Cabeza de TEMISTOCLES ORTEGA NARVÁEZ y en particular al Coronel JULIO PINZÓN ARÉVALO comandante de la Vigésimo Novena Brigada del Ejército Nacional y al Teniente Coronel RICARDO AUGUSTO ALARCÓN CAMPOS comandante de la Policía Cauca, por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por integrantes de las fuerzas regulares del Estado colombiano en la zona de operaciones de las unidades Militares y Policiales que dirigen.

EXIGIMOS

Responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y de su hogar, a la honra y reputación y a la libre movilidad de los participantes de la JORNADA NACIONAL DE PROTESTA Y PAROS INDEFINIDOS que se están viendo afectados por la acción arbitraria de las fuerzas regulares del Estado Colombiano.

AL ESTADO COLOMBIANO

 El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.

 Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y de su hogar, a la honra y reputación y a la libre movilidad de los participantes de la JORNADA NACIONAL DE PROTESTA Y PAROS INDEFINIDOS que se están viendo afectados por la acción arbitraria del Estado Colombiano.

 Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, consagrados en los hechos de esta Denuncia Pública.

A LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

 Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y de su hogar, a la honra y reputación y a la libre movilidad de los participantes de la JORNADA NACIONAL DE PROTESTA Y PAROS INDEFINIDOS que se están viendo afectados por la acción arbitraria del Estado Colombiano.

 Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, consagrados en los hechos de esta Denuncia Pública.

A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

 Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y de su hogar, a la honra y reputación y a la libre movilidad de los participantes de la JORNADA NACIONAL DE PROTESTA Y PAROS INDEFINIDOS que se están viendo afectados por la acción arbitraria del Estado Colombiano.

 Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, consagrados en los hechos de esta Denuncia Pública.

SOLICITAMOS

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)

 En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTÁ AFRONTANDO EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO “FRANCISCO ISAÍAS CIFUENTES”

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA.

26 DE AGOSTO DE 2013

NOTA: FAVOR REMITIR AL SIGUIENTE CORREO LOS OFICIOS, GESTIONES E INFORME DE LAS ACCIONES QUE ADELANTEN CON BASE EN ESTA INFORMACIÓN. redfcifuentes@gmail.com

TOMADO DE INFORME ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA RED DE DDHH DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO "FRANCISCO ISAÍAS CIFUENTES".http://www.reddhfic.org/images/pdfs/ie%20cajibio.pdf

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS MESA NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDOS MIA VIGESIMO INFORME DE DERECHOS HUMANOS 

27 DE AGOSTO DE 2013

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de la MIA, informa ante las organizaciones defensoras de DDHH, la opinión pública y las organizaciones nacionales e internacionales la grave situación que se presenta en el Municipios de Colombia donde el movimiento social y campesino se pronuncia frente las políticas agropecuarias implementadas en Colombia durante la administración del presidente JUAN MANUEL SANTOS. 

HECHOS 

CUNDINAMARCA 

Facatativá: Durante la movilización realizada en Facatativá el 19 de agosto en apoyo al paro nacional agrario, las calles del municipio fueron entregadas por el alcalde Sr. Orlando Buitrago al terror policial. Miembros del ESMAD recorren calles y carreras las 24 horas del día presentándose maltratos hacia la población civil y provocaciones hacia la misma. 

TOLIMA 

Castilla: Aproximadamente a la 1:45 pm, nuevamente la fuerza pública ataca de manera indiscriminada, resultando heridos NIGER MAYORGA en el tobillo, IVAN HERNANDEZ en la mano. De la misma forma, fueron capturados los campesinos que están siendo trasladados a Purificación identificados como: LUIS EDUARDO CHAGUALA Y HUMBERTO MONTAÑA de la vereda La Cabaña del municipio de Rovira, se presentan nuevamente sobrevuelos del helicóptero y está atacando a la población civil con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras, de todo esto es responsable directamente el señor Coronel Quiñones, quien es el encargado del operativo. Además detuvieron al señor EDILSON PINTO, quien se encuentra detenido y en proceso de judicialización en el municipio del Guamo.

NARIÑO

Pasto: Hoy martes 27 de Agosto de 2013 siendo la 1:00pm los estudiantes quienes se encontraban adelantando una jornada de solidaridad con el Paro Nacional Agrario y Popular para recoger víveres y alimentos no perecederos para los campesinos fueron atacados con gases lacrimógenos para dispersarlos. En el lugar hacen presencia 3 camiones de policía Militar y algunos de los militares se movilizan en motos sin identificación para un aproximado de 100 hombres armados quienes les gritan a los estudiantes: “¿y que la fiesta ya se termino?” “¡Por qué no ponen la música que queremos seguir bailando!" y amenazan con ingresar al campus universitario. CALDAS: Los delegados de DDHH informan que hay policías infiltrados de civil, haciendo seguimientos y generando escenarios de pánico y disturbios en el lugar de la concentración. 

SOLICITAMOS 

• A los organismos internacionales encargados de velar por los Derechos Humanos intervenir con carácter urgente y exigir investigaciones al Estado colombiano. 

• A la comunidad Nacional e Internacional y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos el acompañamiento y atención a las situaciones de riesgo en las que se encuentran los líderes sociales, políticos, organizaciones populares y las comunidades que se movilizan en el marco del Paro Nacional. 

• A la comunidad Nacional e Internacional y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos se pronuncien frente al hecho a que hace referencia esta denuncia. 

RESPONSABILIZAMOS 

Al Estado Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional, por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por integrantes de las fuerzas regulares del Estado colombiano en las zonas de operaciones de las unidades Policiales que dirigen, y las posibles vulneraciones que a miembros de estas organizaciones les pueda ocurrir en el futuro. 

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS MESA NACIONAL 

AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDOS – MIA

LIBERTAD PARA HÚBER BALLESTEROS, VICEPRESIDENTE DE FENSUAGRO Y MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES-CUT.

Hechos

Este domingo 25 de agosto, aproximadamente a las 3.30 pm fue detenido en la ciudad de Bogotá Húber Ballesteros. El señor Ballesteros es vocero de la mesa de interlocución y acuerdo MIA para la negociación con el gobierno en el marco del Paro Nacional.

Contexto

-Los dirigentes nacionales de Fensuagro, incluido el señor Ballesteros han sido objeto de seguimientos y amenazas constantes durante los últimos años. El sindicato tiene aproximadamente 75 integrantes detenidos actualmente.

-Lideres y manifestantes del Paro Nacional han soportado momentos de fuerte represión por parte de agentes de la fuerza pública, incluyendo numerosas detenciones y judicializaciones en todo el país. Además, en algunas regiones se han visto vehículos sin placas conducidos por autoridades estatales, colaboración entre hombres armados vestidos de civil y policías, y la infiltración en las protestas por parte de policías de la Sijin.

-En varios lugares de concentración, la fuerza pública ha impedido la entrada de misiones médicas. 

Exigimos

-Que las autoridades colombianas respeten el derecho a protestar y actúen para garantizar la seguridad de los manifestantes. En especial, que aseguren la libertad de los lideres y manifestantes detenidos injustamente, entre ellos Húber Ballesteros.

-Que la comunidad nacional e internacional vele por la seguridad de los manifestantes y se comunique con las autoridades colombianas para asegurar que cumplan su responsabilidad de garantizar los derechos humanos, incluyendo un tratamiento justo al señor Ballesteros.

No más miedo, no más brutalidad policial

“En caso de uso de la fuerza por agentes del estado mi tipo de sangre es…”

¿Por qué en Colombia existe tanto temor porque las personas muestren su descontento?

¿No es acaso legítimo y legal que los ciudadanos expresen su disconformidad frente a decisiones y situaciones del Estado y los poderosos?

¿Por qué si en la Constitución Nacional Colombiana la protesta social esta consagrada como derecho fundamental existe una fuerza policial para reprimir la protesta?

¿Por qué la protesta social es criminalizada y perseguida?

¿Por qué en Colombia la protesta social es perseguida y reprimida?

¿Por qué se usa la fuerza de manera desmedida contra los que protestamos?

¿A quién beneficia el reprimir sistemáticamente la protesta social?

El uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado es una práctica cotidiana y permanente que contradice un derecho fundamental e irreductible de estar en desacuerdo, consagrado en el artículo 2 de la Constitución Nacional Colombia. Esta forma BRUTAL de contención de la protesta social y el descontento es una práctica histórica que somete a las personas a una postura dócil y de subordinación ante el poder avasallador del Estado y sus políticas en benefició del orden y la propiedad.

El uso desmedido de la fuerza por parte de la policía es un mecanismo de control social basada en crear terror y miedo generalizado. La policía cuenta con fuerzas especiales entrenadas para contener violentamente cualquier tipo de descontento e inconformidad social, siempre justificada en la premisa de mantener el orden. Las tácticas, las armas y los procedimientos desplegados por la fuerza policial especializada del ESMAD es una muestra clara que la protesta social no es un derecho.

¿Por qué debemos tener miedo?

¿Quién tiene miedo de la protesta?

TODOS ESTA NOCHE A LA PLAZA DE BOLIVAR DE PEREIRA

CACEROLAZO NACIONAL !!!

HORA 7 PM

 

MAESTROS COLOMBIANOS SE UNEN AL PARO

 La Federación Colombiana De Educadores (FECODE) iniciará el paro nacional del magisterio EL DIEZ (10) de septiembre, se realizarán asambleas de docentes, movilizaciones, toma de capitales en los departamentos y una gran toma de la capital de la república.


De esta manera, los educadores y educadoras del país exigirán soluciones efectivas, inmediatas y definitivas a la grave crisis de salud por la mala prestación de los servicios médico-asistenciales para el gremio docente y sus familias, a causa del poco interés del Ministerio de Educación en resolver esta problemática. Además, manifestarán su rechazo a los incumplimientos de parte del gobierno nacional en los acuerdos firmados.

Así mismo, las deudas del Gobierno con el magisterio ascienden a miles de millones de pesos, por concepto de costos acumulados, reconocimiento de zonas de difícil acceso, entre otras; las cuales, se han represado a través de los años y dilatado el pago de las mismas.

En concreto los objetivos del paro son:

1. Prestación del servicio médico con oportunidad y calidad.

2. Pago inmediato de las deudas contraídas por el Gobierno y los entes territoriales.

3. Cumplimiento de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y FECODE.

 Este 29 de agosto habrá una toma en la ciudad de Cali por parte de los docentes, en reclamo al sistema de salud y el manejo que actualmente está dando la EPS COSMITET al manejo de sus problemáticas. Jornada en la cual se estarán movilizando simultáneamente, y a lo largo de todo el país, los estudiantes universitarios y de secundaria en defensa de la educación.

"Las tareas que tenemos son: apoyar el paro agropecuario, minero y transportador, brindarle nuestro concurso a los estudiantes agrupados en la MANE, que el próximo 29 de agosto se movilizan en defensa de la Universidad pública, y adelantar la preparación de nuestro paro de modo que el 10 de septiembre todos los maestros colombianos marchemos por las calles de los municipios de Colombia."

http://www.tribunamagisterial.com/2013/08/torres-secretario-de-relaciones.html?spref=tw.

                                            

                                 
                      ATENCIÓN URGENTE!!!!!!!


Detenido dirigente agrario y sindical Huber Ballesteros, del ejecutivo de la CUT y de la Junta Patriótica del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. Ante la ausencia de argumentos frente al #ParoNacional gobierno de santo detiene a dirigente campesino bajo montaje. Llamamos a la solidaridad a rechazar represalias contra dirigente agrario y sindical Huber Ballesteros y exigimos su libertad inmediata!!!

CONMEMORACIÓN DÍA DEL DETENIDO DESAPARECIDO

EL MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO CAPITULO RISARALDA PROYECTARA EL DOCUMENTAL "RETRATOS DE FAMILIA", EN LA SALA DE AUDIOVISUALES DE LA BIBLIOTECA JORGE ROA DE LA UTP, EL DÍA VIERNES 30 DE AGOSTO A LAS 3 PM. TAMBIÉN SE DESARROLLARA UNA PUESTA SIMBÓLICA DESPUÉS DE PROYECTADO EL DOCUMENTAL 

 

 

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

MESA NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDOS – MIA 

DECIMO CUARTO INFORME DE DERECHOS HUMANOS 

24 DE AGOSTO DE 2013 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de la MIA, informa ante las organizaciones defensoras de DDHH, la opinión pública y las organizaciones nacionales e internacionales, sobre las violaciones a los DDHH cometidas contra los líderes agrarios, trabajadores, estudiantes y demás participantes en las jornadas de la protesta social en los últimos días, programadas desde el día 19 de agosto del año en curso. Entre los hechos más graves se señalan DETENCIONES ARBITRARIAS, RETENCIONES, DAÑOS A BIENES CIVILES, ATAQUES INDISCRIMINADOS CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL, UN NUMERO AUN NO PRECISADO DE HERIDOS Y VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN en varios departamentos del país, basados en los siguientes: 

HECHOS 

ANTIOQUIA: Miembros de la SIJIN se encuentran en el Hospital de Caucasia judicializando a las personas que lleguen a solicitar atención medica por heridas sufridas por lo ataques de la fuerza pública en el marco de la jornada de paro, de igual forma el Hospital de Caucasia se niega a prestar atención medica a los heridos y se encuentra en la sede del Hospital con el fin de judicializar a ESTEBAN LORA, participante del paro agrario y popular. 

TOLIMA: el 22 de agosto el ABEL HERERA, campesino del municipio de Rio Blanco – Tolima, fue sacado por miembros de la policía del campamento que se encontraba en el municipio de Castilla y presentado ante la Fiscalía como el responsable de incendiar un vehículo en la vía Castilla - Natagaima, a 2 Km de donde se encontraba e campamento de los campesinos, por esta falsa acusación el Sr. Herrera fue judicializado y recluido en la cárcel de Purificación. 

BOYACA: Miembros del ESMAD se encuentran desde comienzos de la semana acantonados en la Escuela Bolivariana, la cual se encuentra ubicada cerca al puente de Boyacá, impidiendo el desarrollo de la jornada escolar, lo que constituye un ataque a un bien cultural, vulnerando los protocolos internacionales suscritos por el Estado colombiano y el DIH. 

NARIÑO: En el Resguardo Refugio del Sol en San Fernando Nariño Kilometro 7 vía Putumayo fueron agredidos los indígenas Quillacingas que habitan el sector resultando herido de gravedad y presentando la perdida de uno de sus ojos el menor de edad Byron Giovanny Hahoy de 16 años y que se encuentra siendo atendido en el Centro de salud San Lorenzo. 

Además denunciamos el grave caso de una ambulancia de placas HMB 013 de Bogotá trasladando efectivos del ESMAD. 

CAUCA: En el Centro poblado de Mojarras municipio de Mercaderes, siendo las 

3:18 de la tarde el Ejército Nacional rodeó el riachuelo donde los campesinos se abastecen de agua, y se sitúan de manera amenazante en el sitio. La Fuerza combinada permanece en el sitio. 

En el municipio de Cajibio, Vereda El Túnel, cerca de las 2:10 de la tarde, a cerca de 500 metros del lugar en donde se encuentran concentrados más de 2000 campesinos, la comisión de seguridad se percata que un hombre vestido de civil quien vestía de chaqueta azul se encontraba en los alrededores del lugar. Una comisión de campesinos se acercó al sitio y se percato que el individuo tenía una cámara de recopilación de material video gráfica. Tan pronto el individuo se dio cuenta que varios comuneros se acercaban al lugar saco un arma de fuego y encañono a los campesinos. Luego se subió en una motocicleta y huyo del lugar. 

En el Centro Poblado del Municipio de Piendamó, cerca de las 2:20 de la tarde, en momentos en que el ciudadano WILLIAM MARTINEZ DAGUA, transitaba a bordo de un vehículo de servicio público (luego de haber salido del punto de concentración ubicado en la vereda El Túnel) se percata que agentes de la policía detuvieron el vehículo y procedieron a exigir documentos a los pasajeros resultando detenido el manifestante en mención. 

VALLE: El 23 de agosto en la Cabecera municipal de Tuluá, realizando un recorrido que ocupaba solo un carril vehicular y teniendo como punto de llegada el barrio Santa Cruz, miembros de la Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y el Ejército Nacional cerraron la vía por donde se desplazaban los manifestantes. 

Ante la obstaculización, las delegadas de la Comisión de Derechos Humanos de la Marcha Patriótica, LAURA HURTADO y ALEJANDRA PERDOMO, se dirigieron a los agentes de la Fuerza Pública solicitando garantías para la NO REPRESIÓN y para desarrollar la movilización sin ningún problema. 

Durante esta mediación el teniente coronel MARCO ANTONIO CASTILLO VELASCO, comandante del Batallón de Artillería Nº 3 Batalla de Palacé, sin razón alguna preguntó a LAURA HURTADO sobre su lugar de residencia, al no tener respuesta, el coronel CASTILLO VELASCO de forma intimidante le dijo nuevamente: “Yo vivo en Palmira y se muchas cosas” 

Posteriormente las jóvenes siguieron siendo interrogadas, filmadas y fotografiadas sin ninguna autorización, argumentando que se trataba de procedimientos para “romper la tensión”. Adicional a ello, los agentes las responsabilizaron de cualquier situación anormal y, a pesar de existir autorización otorgado por la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Cruz para que los manifestantes estuvieran en ese lugar, la Fuerza Pública insistía en que los concentrados no podía permanecer ahí. 

Finalmente, a petición de la población civil, los miembros de la Fuerza Pública se retiraron del lugar, ubicándose a las afueras del barrio. Amenazando previamente con el desalojo violento y acciones represivas en caso de continuar la movilización hasta el día 24 de Agosto. Para ese momento el coronel JAVIER VARGAS se encontraba a cargo de los efectivos del ESMAD. 

En la ciudad de Cali, el viernes 23 de agosto a las 8:41 de la noche cuando la defensora de Derechos Humanos DARNELLY RODRÍGUEZ se trasladaba en un taxi por la autopista sur con calle en 13, se percató que mientras estaban en el semáforo del sector de la luna una motocicleta DT azul iba tras del taxi. Ante este hecho DARNELLY le pidió al taxista que cambiara la ruta. Cuando estaban en el semáforo de la 39 el motociclista se acerca y pregunta si sabe donde tanquear pese a que la estación de gasolina esta en frente a al sitio. Mientras miraba fijamente a DARNELLY dijo "tengo que hacer una vuelta y necesito gasolina". 

En ese momento DARNELLY se da cuenta que el hombre estaba armado y mientras la mira levanta la cabeza como cuando uno saluda a alguien y le dice "la defensora". 

En la ciudad de Palmira en el Barrio Colombia, el 23 de agosto, cerca de las 9:00 de la mañana un grupo de personas que se encontraban concentradas en las instalaciones SINTRAICAÑAZUCOL deciden salir a las calles del municipio a realizar jornadas de sensibilización distribuyendo propaganda en relación a la problemática agropecuaria. 

Una delegación de 30 personas se dispuso a dirigirse hacia la glorieta de Versalles, una delegación de 20 personas se dirigió al Barrio El Prado y una delegación de 20 personas se dirigió a la galería. Posteriormente el Teniente Ávila dio la orden de atacar a los campesinos si a las 11:30 de la mañana no se habían retirado de las zonas. 

Inmediatamente la comisión de Derechos Humanos se comunicó con el despacho del señor Personero Municipal ANDRES OSORIO quien les manifestó que ellos estaban en todo el derecho de realizar este tipo de actividades pacificas e informo que habían delegado al señor CARLOS ISAZA funcionario de la Personería Municipal para que verificara la situación. 

Cuando el funcionario de la Personería CARLOS ISAZA llego al lugar respaldo la posición del teniente de la policía. Al ser consultado el Personero Municipal sobre la actitud del funcionario CARLOS ISAZA, el señor personero manifestó que el funcionario actuó bajo su criterio personal y no bajo el de la personería Ante la falta de garantías los grupos de campesinos se vieron obligados a regresar al Barrio Colombia. 

META: En el sector de La Nohra se presenta la situación de seis (6) sujetos vestidos de civil y armados que detienen a la Población civil. 

ANTE ESTA SITUACIÓN EXIGIMOS 

Exigimos una vez más al Gobierno Nacional, se brinden las garantías para que todas las organizaciones campesinas, obreras y populares puedan seguir realizando su trabajo, en el marco del cumplimiento del Artículo 107 de la Constitución Política Nacional de Colombia de 1991, en el que “Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. (...)Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos. (...) También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos”. 

SOLICITAMOS 

• A los organismos internacionales encargados de velar por los Derechos Humanos intervenir con carácter urgente y exigir soluciones al Estado colombiano. 

• A la comunidad Nacional e Internacional y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos el acompañamiento y atención a las situaciones de riesgo en las que se encuentran los líderes sociales, políticos, organizaciones populares y las comunidades que trabajan en la construcción del proceso de Marcha Patriótica. 

• A la comunidad Nacional e Internacional y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos se pronuncien frente al hecho a que hace referencia esta denuncia. 

RESPONSABILIZAMOS: 

Al Estado Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional, por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por integrantes de las fuerzas regulares del Estado colombiano en las zonas de operaciones de las unidades Policiales que dirigen, y las posibles vulneraciones que a miembros de estas organizaciones les pueda ocurrir en el futuro.

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

MESA NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDOS – MIA